i no fuera una tragedia nacional, lo que pasa en Perú hoy sería materia ideal para una larga y jugosa telenovela. Corrupción panamericana, videos clandestinos, espada sesgada de la justicia, lucha fratricida por el poder, chantajes y traiciones, mentiras y venganzas, todo sobre el telón de fondo de un sistema en descomposición, llamado eufemísticamente capitalismo de amigotes. El 21 de marzo, en sincronía con el cambio de estación, Pedro Pablo Kuczynski dejó la Presidencia de Perú en manos de su primer vicepresidente Martín Vizcarra.

PPK, como universalmente se le conoce, cayó por su propio peso, luego de las revelaciones de Marcelo Odebrecht sobre las millonadas que fluyeron, a lo largo de los años, del gigante brasileño de la construcción a las cuentas de PPK y de una cantidad impresionante de políticos. A tumbarlo, además de sus propios pecados, han contribuido sus reiteradas, arteras negativas de lo evidente, el indulto al ex dictador Alberto Fujimori, que provocó protestas indignadas en todo el país, y la estocada final suministrada por su mortal enemiga, Keiko Fujimori, cuya sed de venganza no pudo saciarse si no con la muerte política del hombre que, según ella, le había robado la Presidencia.

A la vigilia de un segundo proceso de vacancia –en el episodio anterior PPK se había librado gracias a la salida de uno de los dos partidos de izquierda (el Nuevo Perú de Vero Mendoza) y a la abstención de los secuaces de Kenji Fujimori, quien obtuvo en cambio la escandalosa liberación de su padre– cuando la suerte de Kuczynski estaba en el filo de la navaja, aparecen unos videos, grabados a escondidas por un congresista incondicional de Keiko infiltrado entre los disidentes de Kenji, conocidos como los Avengers. Los videos, que a muchos han recordado las grabaciones de Vladimiro Montesinos en los años 90 retratando la compra al contado de muchos diputados, enseñaron fehacientemente los intentos de canjear votos en favor de PPK con obras públicas en las regiones electorales de los congresistas.

En uno de los videos grabados por el congresista Moisés Mamani –quien, lejos de ser una blanca paloma, presentó unos falsos títulos de estudio para postular al Congreso, ha sido acusado de molestias por una colaboradora, desconoce una hija legítima para no pagarle alimentos y ha acumulado una inmensa e inexplicable fortuna– a pesar de las imágenes borrosas, se ven claramente Kenji Fujimori con dos congresistas de su corriente, el secretario de Comunicaciones y Transporte, Bruno Giuffra, y un alto funcionario tratando de convencer al videoasta clandestino para votar en favor de PPK a cambio de prebendas y obras públicas.

Mientras la prensa nacional se dividía en llamarlos Keikovideos o Kenjivideos, según las simpatías por uno de los hermanos, la hija del ex dictador hacía dos víctimas con una sola puñalada: las subrepticias grabaciones, además de guillotinar a un PPK ya moribundo, obligándolo a renunciar, han herido de muerte a su propio hermano (y principal competidor), que ahora arriesga no sólo el desafuero sino la propia cárcel.

Acaba así, en menos de 20 meses, la Presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, un viejo lobbista con doble nacionalidad (peruana y estadunidense) y un largo currículum de intercambios entre poderes públicos e intereses privados, quien se metió en camisa de 11 varas al asumir el cargo sin respetar mínimamente sus propios electores.

En vez de ser acusado por el Congreso de permanente incapacidad moral –la causal, muy indefinida, puesta a votación– se le hubiese imputado su permanente incapacidad política, que lo llevó a ser humillado por su enemiga jurada, paralizado en sus políticas y finalmente tirado a la basura como algo inservible.

Son muy pocos los peruanos que lloran por la caída de PPK, considerando que en los últimos sondeos su popularidad se aproximaba a 10 por ciento de los encuestados.

Lo extraordinario de Perú es que sus anteriores cinco presidentes –con la excepción del honesto y capaz Valentín Paniagua, quien sólo duró ocho meses como interino– están siendo investigados (Alan García y PPK), requeridos por la justicia (Alejandro Toledo, huido en EU con su esposa), procesados (Ollanta Humala y su ex primera dama están purgando prisión preventiva) o condenados, como Alberto Fujimori, hoy nuevamente en libertad, pero con la posibilidad de regresar a la cárcel, según lo que dicte la próxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El tsunami LavaJato-Odebrecht, que ha embestido América Latina desde México hasta Chile revelando un impresionante entramado de corrupción, –que es, con todo, sólo la punta de un iceberg– en Perú no ha dejado títere con cabeza. Además de los cinco ex presidentes, que abarcan un periodo de casi tres décadas, un sinnúmero de políticos, funcionarios, alcaldes y candidatos han sido beneficiados por el ya famoso departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht. Hasta la alcaldesa limeña de izquierda Susana Villarán pudo contrarrestar una fuerte ofensiva de la mafia capitalina para vacarla, gracias a las contribuciones brasileñas. Para no hablar de Keiko Fujimori, cuyas declaraciones de inocencia chocan frontalmente con la anotación encontrada en la memoria del celular incautado a Marcelo Odebrecht: Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita.

La Reina Grimhilde (la reina de Blancanieves) de esta película y su marido Mark Villanella siguen siendo investigados –y lo serán hasta 2019– por el presunto delito de lavado de activos bajo la ley de crimen organizado. En una entrevista a Diario Uno, Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico, luego de denunciar la presencia de 14 narcocongresistas –algunos capos del narcotráfico regional y algunos con dimensión nacional– afirma: “En consecuencia, creo que este partido (Fuerza Popular) podría ser considerado por su composición, por las investigaciones que llevan desde Keiko hasta muchos de sus miembros con severas denuncias, o bien una organización criminal o un narcopartido. En mi consideración podría ser un narcopartido”.

Mientras los dos hermanos, anudados en un llaveo mortal, precipitan en el abismo –Kenji ha amenazado, en típico estilo mafioso, de revelar todos los esqueletos en el clóset de la hermana– el nuevo presidente, Martín Vizcarra, enciende las esperanzas de la nación que, asqueada de tanta podredumbre institucional, ha empezado a corear un que se vayan todos prácticamente irreversible.

Vizcarra, un ingeniero civil cincuentón, puede exhibir un historial impecable. Cuando fue gobernador de Moquegua (2011-14), la región fue catapultada a los primeros lugares en tema de educación pública gracias a una fórmula realmente valiente: destinar 30 por ciento del presupuesto estatal al mejoramiento del sistema escolar. Hasta hace poco se desempeñaba como embajador de Perú en Canadá, pero antes había ocupado la cartera de transportes y comunicaciones en el gobierno de PPK, compatible con el cargo de vicepresidente. Tuvo que renunciar a la participación en el gobierno porque se le hizo pagar el pato del escándalo del aeropuerto de Chinchero, un negociazo sobre terrenos superpagados –los campos de papas más caros del mundo– en total beneficio de una sociedad de amigos del gobierno y en perjuicio del Estado. Conservó su cargo de vicepresidente pero PPK lo exiló en Canadá.

Su regreso a la patria como presidente ha sido saludado con entusiasmo en la esperanza de que pueda sacar el país de la crisis más grave desde el año 2000, cuando cayó la dictadura fujimorista. El optimismo no exime de la crítica: su primera movida en el ajedrez geopolítico del continente –la de seguir negando la invitación al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, prohibiéndole el acceso a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima en unos días– no parece una movida muy acertada.

Diferenciarse de PPK y separarse de la histeria antimadurista que, inspirada por Washington, contagia toda la derecha continental, hubiera sido un paso más digno, en el contexto latinoamericano, que figurar como el perrito dormido en la alfombra del imperio en ruinas.

*Periodista italiano