El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) puso un ultimátum a las 10 delegaciones que no han dado a conocer sus programas sociales y padrón de beneficiarios en el portal del organismo, para que en 48 horas los hagan públicos; de lo contrario, el reparto de estos bienes se considerarán ilegales dentro de la norma electoral, aseguró el consejero Mauricio Huesca.

“Lo que vamos hacer es un requerimiento formal, con un apercibimiento, que en el caso de que no nos entreguen sus programas sociales con padrones de beneficiarios vamos a presumir que se trata de un programa ilegal que pudiera generar la presunta coacción o compra de votos, y a partir de eso vamos a enviar a oficiales electorales para que investiguen la situación e iniciar procedimientos sancionadores.

Si con motivo del programa realmente advertimos que se podría poner en riesgo la campaña electoral, sí vamos a emitir medidas de protección para que se suspenda o el cese total del programa social”, explicó.

Al término de la presentación de la Guía para la atención de violencia política por razones de género y derechos humanos de la Ciudad de México, en la que participaron el IECM, la Procuraduría General de Justicia el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de la Juventud locales, Huesca detalló que las delegaciones ya están en omisión porque los lineamientos de neutralidad se emitieron desde febrero, que es cuando debieron entregar la información, por lo que ahora se les requerirá entregarla en un plazo de 48 horas a partir del requerimiento.

Hasta el momento, el IECM ha publicado en su sección Medidas de Neutralidad los programas sociales enviados por las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco.

Sobre la entrega de tarjetas electrónicas en Coyoacán, como parte de sus programas sociales, pero que según denuncias vecinales son usadas para coaccionar el voto, el consejero electoral dijo que se investigarán los hechos con el despliegue de oficiales del IECM en la zona.

Explicó que a partir de un convenio de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, se les va a permitir el acceso al C5 para monitorear, a través de las cámaras, los hechos que pudieran estar ocurriendo en la calle y que pudieran ser constitutivos de la compra y coacción del voto.

Si encontramos brigadistas en las calles haciendo algo que pareciera entrega de dádivas o compra y coacción del voto, se enviaría a un oficial al lugar para empezar las entrevistas y hacer las investigaciones correspondientes, sostuvo.