Servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) violentaron las garantías a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de personas que arrendaban cajas de seguridad de la empresa First National en Cancún, Quintana Roo, al decomisar los bienes y recursos que había en ellas como parte de una investigación por el uso de este servicio por integrantes del crimen organizado, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo señaló que si bien el cateo en un principio fue autorizado judicialmente, “se omitió informar al juez de control que el objeto de esa diligencia era una empresa privada abierta al público con giro de renta de cajas de seguridad y resguardo de valores, por lo que al no tener la certeza de que todas las cajas pertenecían a una misma persona, es evidente que no procedía el aseguramiento de ningún bien u objeto que no estuviera relacionado con la investigación ministerial, condición sine qua non para efectuar un aseguramiento”.

Por ello dirigió una recomendación al titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, en la que exigió que, conforme a derecho, se reintegren a la brevedad las pertenencias a los usuarios de las cajas que aún no hayan sido devueltas y se colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja y denuncia ante la visitaduría general contra los dos servidores públicos y quien resulte responsable por el exceso en la ejecución del cateo.

El organismo nacional acreditó que las irregularidades son atribuibles a un agente del Ministerio Público de la Federación encargado de su ejecución y al fiscal coordinador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

En su queja, las personas agraviadas refirieron que el 27 de octubre de 2017 los medios de comunicación dieron a conocer el aseguramiento, embargo y sustracción, por elementos de la PGR, de las cajas de seguridad. Aunque acudieron a la empresa para retirar sus pertenencias, no fue posible debido a que ésta se encontraba resguardada por la Secretaría de Marina y posteriormente por la Policía Federal, que les impidieron el paso. La dependencia informó días después que se encontraron millones de pesos en efectivo, tarjetas bancarias clonadas, armas y hasta listados de propiedades de la delincuencia.