Las autoridades federales, en particular la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), han incurrido en graves retrocesos para garantizar los derechos de ese sector de la población, lo cual se evidencia con el hecho de que desde hace unos meses hay dilaciones injustificadas para decretar alertas de violencia de género en varias entidades en las que se ha solicitado esa medida, afirmaron más de cien organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

En nombre de las ONG, María de la Luz Estrada, directora del OCNF, leyó un pronunciamiento. Dijo que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2017 fueron asesinadas 8 mil 190 mujeres en el país y sólo mil 640 casos (20 por ciento) se investigaron como feminicidios.

Preocupa el retroceso

“A casi tres meses de la llegada de Ángela Quiroga, nueva titular de la Conavim –dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG)–, organizaciones de diversos estados vemos con preocupación el estancamiento, retroceso y dilación de la nueva administración, lo que pone en riesgo los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres”, subrayó.

Hizo un llamado al titular de la SG, Alfonso Navarrete Prida, para que explique si las irregularidades y retrasos son parte de la política federal para desmantelar las alertas de género porque les estorban, porque les implica trabajo y porque los obliga a rendir cuentas.

Advirtió que hay retardos injustificados en la notificación de informes sobre alertas de violencia de género, lo que contradice la necesidad con que se deben atender ante la gravedad y urgencia de problemáticas como el feminicidio y las desapariciones de niñas y mujeres. Esto se da en las solicitudes hechas en Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

En los casos del estado de México, Nuevo León y Chiapas, donde se decretaron alertas, la activista denunció que se han detenido las mesas de trabajo para la elaboración de dictámenes de cumplimiento y que en la coyuntura electoral se corre el riesgo de que se echen atrás.

Exigimos el cumplimiento de las recomendaciones del comité para eliminar todas las formas de discriminación, para que eliminen las barreras, y una muestra de ello, del secretario de Gobernación, es que publique el reglamento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para que quite esos vacíos que generan la dilación, enfatizó Estrada.