Madrid.

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont permanecerá en una prisión del norte de Alemania hasta que se decida su extradición a España, donde está acusado de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia. Así lo decidió el juez de primera instancia de Neumünster, quien acordó mantener la custodia policial después tomarle declaración por más de dos horas, en las que, según el fiscal, se mostró en todo momento tranquilo.

En el terreno político, la respuesta del bloque independentista a lo que llaman la ofensiva represiva del Estado español fue convocar a un pleno para el próximo miércoles, en el que pretenden investir como presidente de la Generalitat al propio Puigdemont, a pesar de estar preso en una cárcel alemana.

Después de pasar su primera noche en prisión, tras ser detenido en una gasolinera en Hamburgo, Puigdemont compareció ante el juez de Schleswig-Holstein, quien tiene el control administrativo de la prisión en la que está recluido el líder independentista.

Parecía calmado, señaló el fiscal Georg-Friedrich Guentge, quien además explicó que el juez tendrá un máximo de 60 días para tomar una decisión sobre el pedido de entrega girado por el Tribunal Supremo español, mediante una orden del juez Pablo Llarena.

En caso de que el juez conceda la extradición, el Tribunal Superior Regional (OLG, por sus siglas en alemán) deberá escuchar a las partes y decidir en un margen de 60 días prorrogables a un máximo de 90.

Puigdemont fue localizado en su fuga desde Helsinki, en un periplo en el que siempre estuvo vigilado por un dispositivo del espionaje español, que incluso habría incrustado un localizador en el vehículo que le transportó por el norte de Europa. Y fue hasta que cruzó la frontera con Alemania y se detuvo por un momento a cargar gasolina, cuando se procedió a su detención en coordinación con la policía alemana. Lo que supuso un ataque en la línea de flotación de la estrategia diseñada por el ex mandatario.

Mientras, los procesos contra los ex consejeros (ministros) refugiados en Bélgica tomó otro cariz una vez que el juez que instruye su causa no ordenó ninguna medida cautelar al sostener que no hay riesgo de fuga, así que tanto Antonio Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret podrán seguir su causa en libertad. En el caso de Clara Ponsatí, quien es profesora en Escocia, su abogado confirmó que se entregará a las autoridades antes del jueves.

En otro orden, ante la indignación que provocó en Cataluña la detención de Puigdemont, el bloque soberanista dio un paso al frente y decidió convocar para el miércoles un nuevo pleno con carácter de urgente en el que pretenden investir como presidente de la Generalitat al propio Puigdemont, a pesar de que estará preso en Alemania y que según la jurisprudencia española tendría que estar presente en el debate.

El presidente del Parlamento, Roger Torrent, hizo el anuncio en el mismo sentido de su declaración del pasado lunes, en la que llamó a las fuerzas independentistas a hacer un frente común para combatir la represión del Estado español.

Por esta decisión y por actuar de manera parcial, el principal partido de la oposición, Ciudadanos (fuerza unionista y conservadora) solicitó la dimisión del presidente del Parlamento, a quien acusó de actuar con la finalidad de incendiar aún más las calles de la región, donde ayer los disturbios provocaron más de 50 heridos y nueve detenidos.

El clima de tensión provocó que se fortaleciera la seguridad personal tanto de la familia del juez Llarena –que vivía en Barcelona, pero que han tenido que salir de ahí– y de los principales líderes de los partidos no nacionalistas, sobre todo del Partido Popular (PP) y de Ciudadanos.

Mientras, en Madrid, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó de buena noticia la detención de Puigdemont, y advirtió que nadie puede burlar indefinidamente a la justicia. Creo que a los demócratas que confiamos en el estado de derecho nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan y que en este país, que es España, todos somos iguales ante la ley.