Algunos de los principales pendientes de México en materia de respeto a las garantías individuales derivan de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por lo cual han aumentado los casos de desaparición, tortura y ejecución extrajudicial, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como parte de su informe anual 2017, lanzado el jueves, el organismo incluyó un apartado especial en el que señaló que la mayoría de las observaciones formuladas tras su visita a México en 2015 aún siguen vigentes, ya que el problema de fondo en diversos temas no ha sido resuelto.

El organismo interamericano subrayó en su Informe de País que México atraviesa “una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios años, que aumentó durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, hasta alcanzar niveles alarmantes”.

En el rubro de seguridad ciudadana, la CIDH manifestó su preocupación por la Ley de Seguridad Interior debido a que incluye preceptos contrarios a estándares de derechos humanos e implicaría la normalización y la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, por lo que reiteró su recomendación de poner en marcha un plan de retiro gradual de los uniformados a sus cuarteles.

Respecto de las desapariciones forzadas, la organización con sede en Washington llamó de nuevo al gobierno de México a crear mecanismos de búsqueda inmediata y mejorar el Registro de Personas Desaparecidas.

En este punto, hizo mención especial del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos e insistió en la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente.

En lo que se refiere a la tortura, la CIDH llamó al Estado mexicano a crear un Registro Único Nacional de Personas Detenidas, eliminar la figura del arraigo y asegurarse de que el Protocolo de Estambul sea aplicado por organismos independientes y no por entidades del gobierno.

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, el informe señaló la necesidad de que estos crímenes sean analizados por peritos que no formen parte de organismos policiacos o militares, así como elaborar un registro nacional de restos no identificados y crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.

El texto, de 86 páginas, incluye también un apartado que analiza los pendientes del gobierno mexicano en la protección de diversos grupos vulnerables. Al referirse a los periodistas, la CIDH resaltó que siguen ocurriendo asesinatos de comunicadores –entre ellos los de Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada–, sin que existan investigaciones exhaustivas que incluyan como hipótesis la vertiente de la labor profesional de las víctimas.

En sus conclusiones, el organismo puntualizó que desde su visita al país en 2015 persisten los desafíos en materia de violencia e inseguridad, que se alimentan del miedo que generan los grupos del crimen organizado, a veces en colusión con las autoridades, así como por la consecuente impunidad.