En 2017, casi 15 personas de cada 100 habitantes experimentaron un acto de corrupción durante trámites, pagos y solicitud de servicios gubernamentales, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En conferencia, el presidente del Inegi, Julio Alfonso Santaella Castell, dijo que se estima una tasa de prevalencia de corrupción de 14.6 por ciento; es decir, 14.6 por ciento de los habitantes experimentó al menos uno de estos actos al momento de hacer un trámite personal con una autoridad.

En 2015 la tasa fue de 12.6 por ciento, tenemos un incremento de dos puntos porcentuales.

Sobre la percepción de la corrupción fue de 92.1 por ciento del total de población que estimó que prevalece este tipo de prácticas en su entidad federativa.

El porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa fueron encabezados por Ciudad de México con 96.3 por ciento; Puebla, 94.7; Tabasco, 94.5 y estado de México, 93.4 por ciento.

Acompañado del vicepresidente del Inegi, Mario Palma, y del director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, Adrián Franco, el presidente del Instituto, Julio Alfonso Santaella destacó que la confianza en los partidos políticos a nivel nacional es de 17.8 por ciento.

Los informes del Inegi detallan que en Ciudad de México la confianza en los partidos políticos oscila entre 6.9 y 13.6 por ciento.

Al presentarse los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig), se informó que el costo total a consecuencia de corrupción realizada en pagos, trámites o solicitud de servicios públicos y otros contactos con autori-dades fue de 7 mil 218 millones de pesos, lo que significó un aumento de 12 por ciento con respecto a los 6 mil 418 millones de pesos alcanzados en 2015.

La encuesta realizada entre noviembre y diciembre de 2017 indicó que el costo por cada acto de corrupción fue de 2 mil 273 pesos en promedio por persona afectada.

A su vez, el costo a consecuencia de corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública fue de mil 377 millones de pesos, lo que representó 861 pesos en promedio por persona afectada.

Por otro lado, Julio Alfonso Santaella Castell informó que: 45.5 por ciento de la población se encuentra satisfecha con los servicios públicos que recibe; es decir, es una fracción que está por debajo de la mitad, mientras 54.5 por ciento se encuentra insatisfecho con la calidad de los trámites, pagos y solicitud de servicios gubernamentales.

El sondeo que se realiza cada dos años detalló que 82.1 por ciento está satisfecho con la educación pública universitaria .

Por el contrario, sólo 23.7 por ciento está satisfecho con calles y avenidas.

La Encig, que se efectuó entre 46 mil viviendas en todo el país, informó que siete de cada 10 habitantes consideró que la policía no proporciona una sensación de seguridad, en tanto que tres de cada cuatro personas se declaró insatisfecha con la policía en su entidad.

En torno a la calidad en salud pública, sólo 15.4 por ciento de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió este servicio en hospitales o clínicas sin saturación de usuarios.

El año pasado a 77.9 por ciento de la población usuaria del servicio de salud en el IMSS no le fue requerido material de curación o equipo médico adicional.