San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Representantes de casi mil 100 indígenas desplazados del municipio de Chalchihuitán desde hace cuatro meses, a causa de un conflicto de límites con la localidad vecina de Chenalhó, demandaron a las autoridades federales y estatales un plan integral de retorno, desarme de grupos civiles y desalojo de los invasores que los despojaron violentamente.

En una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, los mil 94 desplazados manifestaron que el gobierno los olvidó y viven en una situación deplorable e inhumana.

María Pérez Gómez, una de las desterradas, manifestó: Padecemos hambre y nadie quiere saber si estamos sufriendo desde noviembre, cuando intentaron matarnos en nuestras casas y huimos hacia la montañas, donde nos picaron los moscos y encontramos culebras. Los pistoleros no se han calmado; nos siguen espantando con las balas.

En nombre de los desplazados de nueve comunidades de Chalchihuitán que se encuentran en 10 campamentos, Ausencio Pérez Paciencia dijo: Vivimos en las montañas para proteger nuestras vidas porque los paramilitares de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, nos quieren matar y nos han despojado de nuestras tierras; quemaron nuestras casas, robaron nuestras cosechas, mataron nuestros animales y nos expulsaron hacia las montañas, aseveró.

En un comunicado pidió la intervención del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco Coello; que dejen a un lado su coraje y odio contra nosotros y hagan justicia.

Rechazan ONG base de operaciones mixtas

Al mismo tiempo, el Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil de Observación de la Zona de los Altos de Chiapas, que acompaña a los desplazados exigió a las autoridades resolver esta grave situación y acusó al gobierno de haberles quitado la ayuda humanitaria.

Las más de 20 agrupaciones que forman la organización rechazaron la instalación de una base de operaciones mixtas en la zona de Chalchihuitán y Chenalhó, pues lejos de dar seguridad a la población y a los observadores de derechos humanos, pondrá en riesgo el diálogo entre ambos municipios, enfrentados desde hace 45 años.

En un comunicado leído por Mercedes Ozuna Salazar, pidió al Estado mexicano acordar con los afectados medidas cautelares que lleven a una solución de fondo, ante el riesgo de más agresiones armadas.