n ocasión del Día Mundial del Agua se imponen algunas reflexiones sobre su ingobernanza tanto a escala internacional como en nuestro país.

El Panel sobre el Agua de Alto Nivel (HLPW, por sus siglas en inglés), encabezado por 11 jefes de Estado y asesores de la ONU, en su informe de marzo de 2018 a las Naciones Unidas señala que 40 por ciento de la población que hoy padece escasez de agua, cerca de 700 millones, corren el riesgo de ser desplazados para el año 2030 debido al riesgo de intensas sequías. Abunda también en un hecho sumamente grave: El 80 por ciento de las aguas servidas se arrojan de modo impune al medio ambiente sin recibir tratamiento alguno. Peor aún, de un total de los mil desastres naturales más devastadores del planeta, 90 por ciento están relacionados con el tema hídrico (Daily Star (Dhaka) 16/3/18).

Casi una tercera parte de la población mundial no cuenta con buenas condiciones sanitarias o defecan a cielo abierto. Un mapeo rápido del desorden hídrico muestra que, en términos de drenaje y saneamiento de las aguas servidas, cerca de 20 por ciento de los habitantes en México y los países latinoamericanos no disponen de buenas condiciones sanitarias.

Por su parte, el grupo multi e interdisciplinario de la UNAM encabezado por Víctor Toledo ha documentado más 500 conflictos medioambientales durante los cinco últimos años en nuestro país, de los cuales los relacionados con el tema hídrico ocupan el segundo sitio, después de los generados por la minería.

Ante la percepción errónea sobre la abundancia del agua y en el entendido de que el financiamiento por el recurso hídrico constituye una variable crítica y de primera importancia, el dilema que se nos plantea hoy es que urge pagar e invertir lo necesario por el agua, a riesgo de tener que pagar mucho más por ella el día de mañana. Esta es una verdad de Perogrullo, incuestionable. Podemos afirmar que por el agua en tanto H2O, como recurso físico, no se paga, pues en nuestro país prácticamente no tiene valor alguno en el mercado, ni es reconocido tampoco por la mayoría de usuarios; lo que se llega a pagar, si acaso, es por los servicios de infraestructura, transportación, comercialización e introducción del servicio de agua potable, es decir, por sus costos marginales de producción, ignorando generalmente los costos ecológicos, tanto por su contaminación como por su agotamiento y pérdida de disponibilidad.

Este planteamiento no se opone al derecho humano de acceso al agua en calidad y cantidad (de acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud, al menos entre 30 y 40 l/pc/día deben ser garantizados por el Estado y la sociedad, pudiendo ser abastecidos incluso de manera gratuita, para evitar su exclusión), sino que, por el contrario, lo defiende al sostener la importancia de los límites físico-naturales del acceso, su permanencia en el largo plazo y su uso inteligente y sustentable, que no debe exceder para el consumo humano de los 100 l/pc/día. Por encima de este volumen los precios y tarifas de cobro deben ser ejemplares y enviar un mensaje claro a los usuarios sobre su consumo ambientalmente responsable.

Infortunadamente en México aún se mantiene el esquema ofertista y clientelar surgido en las dos últimas décadas del pasado siglo (en 1980 la disponibilidad per cápita anual alcanzaba 15 mil litros; hoy ésta apenas rebasa 3.3 mil litros pc/año). Como si el agua fuera un recurso natural infinito y de accesibilidad pronta y barata. Tal enfoque ha impedido que se trabaje con suficiente responsabilidad en el tema del control de la demanda, las tarifas diferenciadas según el tipo de usuarios, en la reparación de fugas, así como en el tratamiento de las aguas residuales, evitando su descarga impune en los cuerpos de agua nacionales. A nuestro entender estos cuatro puntos constituyen los temas prioritarios dentro de la política hídrica nacional.

El tema de la gobernanza del agua debe entrar de modo prioritario en la agenda y compromisos de todos los candidatos de la contienda electoral de 2018, pues se trata de un recurso y bien público-común que integra y articula el entramado de dimensiones sociales, culturales, políticas, técnico-económicas y ambientales, junto a objetivos de sustentabilidad hídrica. Ello requiere, para su buen funcionamiento, de procesos democráticos, voluntad política y reglas claras en la toma de decisiones, aceptando su complejidad.

En suma, se pueden documentar múltiples evidencias que muestran cómo con la debilidad de las regulaciones y de la gobernanza de los bienes comunes, el crecimiento económico a toda costa conduce a irracionales tasas de explotación y agotamiento de los recursos naturales, y cómo el bienestar de la gente se encuentra comprometido siendo subsidiado a costa del malestar de los ecosistemas. De ahí que la conseja popular debe ser modificada: agua que no has de beber déjala correr, sí, pero limpia.

*Consultor Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. División de Estudios de Posgrado. Facultad de Economía UNAM