La Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Secretaría de Salud, activó el protocolo de actuación para la prevención de responsabilidades administrativas en materia de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células, con el cual se busca combatir actos de corrupción y prevenir que esta práctica se convierta en negocio.

Guillermo Ruiz Palacios, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, afirmó que el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes crean una situación difícil para el país, mientras el director general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), José Salvador Aburto, resaltó que sin los candados estaríamos llenos de extranjeros trasplantándose órganos de mexicanos, cuando ya se ha mencionado que no ha sido suficiente lo que se ha hecho.

En el Instituto de Medicina Genómica, Arely Gómez, titular de la SFP, manifestó que el protocolo debe considerarse como un llamado a cerrar la puerta a la corrupción. En tanto, el titular de Salud, José Narro Robles, recordó que en los últimos cinco años ha aumentado en el país el trasplante de órganos en 23.8 por ciento; el número de donantes, 22 por ciento, y a partir de personas fallecidas, 28 por ciento.

Con el protocolo, los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de procuración de órganos deberán registrar en actas administrativas el origen y destino de cada órgano o tejido donado en el país para que, a su vez, el Sistema Nacional de Trasplantes dé seguimiento puntal.

Narro Robles –después de entregarle un reconocimiento al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por el apoyo de la dependencia para el traslado aéreo de órganos y tejidos con fines de trasplantes– destacó que la participación de los mexicanos para la donación ha mejorado y este protocolo los estimulará a seguir haciéndolo con la confianza de que los procedimientos se realizan con transparencia y apego a la ley. No obstante, dijo que falta mucho por hacer.

Por su parte, Arely Gómez señaló que el protocolo debe observarse más que como una compilación de ordenamientos jurídicos, como un llamado a cerrar la puerta a la corrupción mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, del compromiso con la cultura de la legalidad y de la consolidación del servicio público.

Apuntó que se trata de una una guía funcional para que las actuaciones de las autoridades del sector salud en materia de trasplantes de órganos, tejidos y células se lleven a cabo en los términos que establecen las disposiciones normativas aplicables.

En su oportunidad, Guillermo Ruiz Palacios cuestionó que un objetivo único que es mejorar y salvar una vida tiene después efectos colaterales, en donde algunos profesionales pierden el sentido de su vocación y se transforma en negocio. Sin embargo, resaltó que el esfuerzo institucional nos va a permitir tener de nuevo este sentido del ejercicio de la ley.

Al término de la activación de este mecanismo, Aburto Morales manifestó que con el protocolo se previenen ilícitos como el turismo de órganos.

El protocolo establece como sanciones administrativas para quienes incurran en prácticas contrarias a la ley en materia de trasplantes órganos, tejidos y células, amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva de establecimientos, arresto hasta por 36 horas.

A la ceremonia acudieron, además, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Tuffic Miguel; el comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz; así como el director médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Jorge Guerrero Aguirre.