Cuernavaca, Mor.

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) aprobó iniciar un procedimiento ordinario sancionador contra Cuauhtémoc Blanco Bravo y tres dirigentes del Partido Social Demócrata (PSD) en relación con una denuncia de que firmaron un contrato para que el ex futbolista aceptara ser candidato a alcal- de de Cuernavaca en 2015 a cambio de un pago de 7 millones de pesos y otras canonjías.

Este proceso no impedirá que Blanco Bravo registre el próximo domingo –según lo tiene agendado– se candidatura a gobernador de la alianza Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, con miras a los comicios del 1º de julio, indicó la presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba.

Junto con Cuauhtémoc Blanco están acusados José Manuel Sanz Rivera y los hermanos Julio César y Roberto Yánez Moreno, líderes del PSD al momento en que el ex futbolista fue nominado candidato a presidente municipal, pero terminaron peleados en 2016, cuando el ya alcalde se negó supuestamente a otorgarles canonjías.

El presunto contrato fue exhibido ese mismo año por los hermanos Yáñez Moreno en una televisora nacional y el caso se investigó por el Impepac, por la Fiscalía General del Estado (FGE) y por el Instituto Nacional Electoral, pero al final los Yáñez no presentaron el contrato original. El alcalde negó que hubiera tal convenio y demandó ante la FGE a los hermanos Yáñez por daño moral, amenazas, extorsión y falsificación de documentos.

Según los consejeros Ixel Mendoza Aragón, Enrique Pérez Rodríguez, Isabel Guadarrama Bustamante y Javier Arias Casas, quienes durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Impepac, efectuada la noche del jueves, votaron a favor de dicho procedimiento, con esta medida tratan de garantizar los derechos de ambas partes, pero aceptaron que se enteraron del presunto contrato por lo declarado en medios de comunicación por los hermanos Yáñez Moreno

La consejera presidenta Ana Isabel León Trueba –quien votó en contra, lo mismo que los consejeros Ubléster Damián Bermúdez y Xitlali Gómez Terán– recordó que el caso ya había sido investigado por el Impepac, y reiteró que en una sesión de agosto de 2016 quedó constancia de que ya no había diligencias pendientes por desahogar en la referida investigación.

El Impepac cumplió adecuadamente con la tarea que le correspondía en término de la normatividad de la materia, pues se realizó la investigación correspondiente para establecer si existía o no, aun indiciariamente, alguna conducta atribuida a los ciudadanos Cuauhtémoc Blanco Bravo, Roberto Carlos y Julio César Yáñez Moreno o en su caso al propio PSD, que pudiera ser constitutiva de infracciones a la normatividad estatal electoral; sin embargo, de dicha investigación, como lo señala el secretario ejecutivo, responsable de la misma, no se desprenden indicios o pruebas tendientes a demos-trar la existencia de tales conductas, expresó.

Ana Isabel recordó a sus compañeros que el Impepac no cuenta con facultades para investigar conductas delictivas, competencia exclusiva del Ministerio Público, y mencionó que de acuerdo con el derecho penal nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

No obstante, cuatro consejeros a tres aprobaron iniciar dicho procedimiento contra Blanco, los otros dirigentes del partido y el PSD.

Para los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, este procedimiento sancionador es improcedente porque, aseguraron sus líderes, con hechos del pasado tratan de afectar a quienes participarán en las elecciones del 1º de julio de 2018.

El alcalde de Cuernavaca, Blanco Bravo, es candidato a la gubernatura por la alianza cuyo candidato presidencial es Andrés Manuel López Obrador, a quien las encuestas ubican en el primer lugar de las preferencias.

El PSD, en alianza con el PRD, apoya esta vez al candidato a gobernador Rodrigo Gayosso Cepeda, hijo de la esposa del gobernador Graco Ramírez.

Ayer, en entrevista colectiva, Ana Isabel León Trueba explicó que lo que busca este procedimiento es dar certeza jurídica al candidato. Si se concluye que no hay ninguna conducta sancionable, pues se cerrará, pero lo importante es que se termine la investigación que, podría decirse, todavía está abierta.

El inicio del procedimiento sancionador contra Blanco se acordó un día después de que el gobierno del estado entregó 23 millones de pesos al Impepac. Este organismo destacó que ese monto es parte de los 176 millones que demanda el instituto para realizar la elección de 2018, pero el gobierno del estado, que encabeza el gobernador Graco Ramírez –también peleado con el ayuntamiento que encabeza Blanco Bravo– no les ha entregado esa cantidad de manera oportuna y completa.