El Estado mexicano tiene una gran deuda de justicia con muchas mujeres que han sido violentadas por agentes estatales, afirmó Amnistía Internacional (AI). En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que la región aún enfrenta desafíos para garantizar el pleno respeto y protección a ese sector, que sigue siendo víctima de feminicidios, desapariciones, acoso y violencia sexual, entre otras agresiones y delitos.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, Tania Reneaum, directora de AI México, denunció que aun cuando ha habido avances normativos e institucionales para garantizar los derechos de las mujeres, las autoridades mexicanas aún deben justicia en casos emblemáticos de abusos por agentes estatales.

Tres de ellos son: los feminicidios de Ciudad Juárez conocidos como Campo Algodonero; la violación sexual por soldados contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en Guerrero –ambos con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violaciones a las garantías fundamentales–, y el de la tortura sexual contra varias mujeres detenidas en los operativos de San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006, que ya analiza el mismo tribunal.

Este 8 de marzo, señaló, estamos presenciando cómo se hace historia a medida que cada vez más mujeres alzan la voz y exigen justicia. Las luchas por la igualdad, por la libertad de decidir y por el derecho a una vida libre de violencia han impulsado victorias importantes en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ahora corresponde a las autoridades mostrar que están escuchando y adoptar acciones contundentes para que no se toleren las agresiones sexuales, el acoso ni ninguna clase de discriminación.

La CIDH también emitió su postura en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Enfatizó que en la región hay un contexto de violencia y discriminación estructural y endémica en su contra. Ante esa realidad, instó a los estados del continente a trabajar para alcanzar esa meta y abstenerse de adoptar medidas que tengan impacto negativo o regresivo en el respeto y garantía de sus derechos fundamentales.

Lamentó las altas tasas de homicidios por razón de género, desapariciones, acoso y violación sexual, entre otras formas de violencia; además de que subsisten obstáculos que impiden a las mujeres tener acceso oportuno y sin discriminación a la justicia y a la reparación del daño y protección integral ante estos delitos.

Afirmó que también enfrentan barreras para alcanzar educación de calidad, información y servicios de salud sexual y reproductiva; no hay igualdad en el acceso de oportunidades de trabajo y condiciones de empleo y, en particular, a igual remuneración que sus colegas hombres, ni tienen acceso a un lugar de trabajo libre de acoso sexual.

La comisionada Margarette Macaulay, presidenta de la CIDH y relatora sobre los Derechos de las Mujeres, ha señalado que las medidas que representen un retroceso en los esfuerzos de los estados para cumplir con estas obligaciones pueden constituir una violación a los derechos humanos de las mujeres y, por ende, resultan inaceptables.