La marginación llevó a la familia de Fernanda, una joven mixteca, a salir de Oaxaca en 2015. Ella y sus parientes se fueron a un campo agrícola en Baja California Sur (BCS) buscando mejor suerte.

Durante varios meses fue acosada por uno de los capataces. Tiempo después, el hombre la privó de la libertad y en reiteradas ocasiones abusó sexualmente de ella, por lo cual quedó embarazada. A finales de marzo de 2016 fue rescatada por su padre y una defensora indígena.

El testimonio de Fernanda forma parte del informe Derechos y violencias: la experiencia de ser mujer. Situación nacional 2008-2017, elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

En el informe se da cuenta que al presentar la denuncia, la atención de las autoridades se centró más en evitar que abortara –aunque la violación es una de las causales establecidas en la ley local– que en sancionar al responsable. Tanto el Ministerio Público como personal de un hospital y del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres obstaculizaron su derecho a interrumpir el embarazo.

Gracias a la intervención del Centro Mujeres AC, Fernanda pudo acceder a ese derecho, pero en Ciudad de México. También se logró la intervención de instancias federales para no obstaculizar las garantías de las víctimas de violación en Baja California Sur y para perseguir al violador, quien hoy está en prisión.

Sin embargo, Fernanda y su familia tuvieron que huir de Baja California Sur. Recibieron amenazas de muerte y un familiar cercano fue asesinado en el periodo previo al juicio de su agresor.

Se trata de un caso emblemático. Al analizarlo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la primera recomendación en la historia de la entidad en relación con la violación de derechos reproductivos, específicamente al aborto legal por violación sexual, y a la negativa expresa y activa de tres instituciones locales.