Más de 50 organizaciones, nacionales e internacionales, así como investigadores universitarios, emi­tieron un pronunciamiento contra la actualización que las autoridades federales pretenden hacer de la norma oficial mexicana (NOM) que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos acuíferos propiedad de la nación.

En conferencia de prensa, Omar Arellano, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y Xavier Romo, del Colectivo Ecologista Jalisco, señalaron que las modificaciones no garantizan un tránsito eficiente de la grave contaminación actual, hacia un control efectivo de la misma, pues no cumple con los estándares internacionales.

Un ejemplo es que no bajan los niveles de toxicidad, al establecerlos en cinco unidades, cuando en países como Estados Unidos y Canadá el nivel máximo es de una unidad. Por lo que demandaron una norma que realmente incorpore las mejores prácticas y estándares internacionales para restaurar los cuerpos acuíferos.

En el documento, remarcaron que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 70 por ciento de los cuerpos de agua en México tiene algún grado de contaminación, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que 58 por ciento de ríos, lagos, arroyos, lagunas, presas y zonas costeras está en rojo o amarillo en el semáforo de calidad del líquido.

El proyecto de modificaciones se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 5 de enero, y pese a que se asienta que se trata de una difusión para hacer una consulta pública, los especialistas alertaron que el artículo primero transitorio señala: “La norma oficial mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales, posteriores a su publicación en el DOF”.

El posicionamiento es firmado por Agua para Tod@s, Agua para la Vida, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua, Food & Water Watch y por 37 académicos de instituciones de educación superior. Está dirigido a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al Comité Consultivo Nacional de Normalización del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La actual NOM está vigente desde 1996. Los firmantes indicaron que el proyecto de modificación a la misma no garantiza el mejoramiento de los mantos acuíferos, ya que no considera el control de sustancias cuyas características químicas causen daños genotóxicos, mutagénicos, teratogénicos, así como impactos ecotoxicológicos y daños al sistema endócrino; no contempla modificaciones sustantivas en los límites para metales pesados y cianuros vertidos en los cuerpos de agua, y mantiene los mismos límites máximos permisibles de contaminantes. Agregaron que un problema clave con la norma de 1996 ha sido el bajo número de ins­pectores de la Conagua, lo que ha empeorado en los dos años recientes con los bajos presupuestos a la dependencia.

Para retomar las mejores prácticas globales, los firmantes del pronunciamiento indicaron que se deben intrumentar normas específicas para cada sector industrial, en lugar de una norma única de descarga; en caso de seguir con una sola regulación, dijeron, es necesario que todos los permisos de descarga emitidos por la Conagua incluyan condiciones particulares, para lo cual propusieron crear un comité de expertos (formado por investigadores en el tema); y que si, a juicio de dicho comité, el contenido de determinado parámetro en el cuerpo de agua pone en peligro su calidad, al medio ambiente y a la salud, que se imponga una veda absoluta de las descargas que contengan dicho parámetro.