Durango, Dgo.

A la comunidad tepehuana de San Bernardino de Milpillas Chico, el SAT exige casi 45 millones de pesos por el pago de impuestos sobre el cobro que los dueños de la tierra hacen por el derecho de monte, es decir, por la extracción de la madera de sus predios. La carga impositiva se suma a por lo menos 50 trámites que deben concretar. Estos son los obstáculos que enfrentan unos 2 mil ejidos y comunidades que desarrollan un manejo forestal sustentable de bosques y selvas.

Con manejo forestal desde principios de la década de 1970, esta comunidad localizada en el sureste del estado está en espera de la resolución de un juicio de nulidad que estableció contra el SAT por la exigencia de esos impuestos.

A cada uno de los mil 300 comuneros les damos 5 mil pesos por derecho de monte. Muchos son ancianos, viven en las cañadas, en regiones aisladas, no tienen credencial de elector, ni documentos, señala Venancio Martínez, presidente del comisariado de bienes comunales.

Explica que los comuneros salen de las cañadas por su cobro del derecho de monte, compran su maíz e insumos para vivir varios meses y vuelven a sus viviendas precarias. Indica que el SAT les pidió los comprobantes fiscales del pago a estos ejidatarios, pero eso no lo han podido demostrar. Detalla que en la actividad forestal 90 por ciento de la venta del producto no se debe industrializar, cuando se rebasa ese porcentaje se empiezan a cobrar impuestos y éste es uno de los argumentos que esgrime la autoridad fiscal.

Esta comunidad realiza manejo forestal, es decir, de 160 mil hectáreas de bosques de pino y encino, aprovechan 38 mil y tienen permiso para extraer 88 mil metros cúbicos de madera al año. Tienen un plan de manejo vigente por 12 años y cuentan con cuatro aserraderos, una fábrica de muebles y generan 500 empleos. La organización ejidal o comunal constituye empresas en las cuales se emplean los socios, ahora para solucionar el problema impositivo han comenzado a separar administrativamente cada una de las compañías de la comunidad.

El manejo forestal permite la extracción de madera, favorece la permanencia de los mejores árboles, evita las plagas. El estado es el principal productor de madera del país, y en general en el país, para que un ejido o comunidad desarrolle el manejo forestal debe concretar múltiples trámites y soportar cargas fiscales. Por ejemplo, las obras sociales en los pueblos, como la pintura de la Iglesia o apoyar a las escuelas, no son deducibles de impuestos.

Venancio Martínez recuerda que después de la auditoría que concluyó en 2014 el SAT les exigió el pago de 30 millones de pesos, pero a la fecha ya adeudan 45 millones y los acuerdos de la asamblea comunal fue que no se pagaría, por lo cual han emprendido acciones como protestas ante la Secretaría de Hacienda.

Esta comunidad ha logrado la restauración de entre 450 y 600 hectáreas de bosques y la conservación de 160 mil hectáreas gracias al aprovechamiento forestal certificado internacionalmente, de acuerdo con datos de Política y Legislación Ambiental y el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental.

En el país el manejo forestal comunitario ha permitido el desarrollo de empresas forestales con impacto positivo en la conservación ambiental y el desarrollo social y económico de las comunidades, sobre todo en Durango, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.