En medio de descalificaciones partidistas imputándose actos de corrupción, esta semana el Instituto Nacional Electoral (INE) lanzará la convocatoria a los ciudadanos insaculados para comenzar su capacitación como funcionarios de casilla. La migración; una elevada población flotante en zonas turísticas y fronterizas; dispersión territorial y un aumento, aunque marginal todavía, del rechazo de los habitantes a participar son parte del contexto para su trabajo.

Responsable de las tareas por ser el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heycher Cardiel sostiene que será un proceso más complejo por la figura de casilla única por concurrencia, por primera vez en esta dimensión de elecciones federales y 30 locales. Esa tarea implicará visitar a 11.5 millones de ciudadanos a partir del 7 de marzo y capacitar a por lo menos 1.4 millones.

México es uno de los 13 países con mayor población en el mundo, pero es el único que mantiene este mecanismo de selección de funcionarios desde la ciudadanía, aunque Argentina tiene un esquema similar. Para este proceso, para integrar a los funcionarios de las 155 mil casillas, el INE destinará 2 mil 800 millones de pesos, en gran medida para cubrir el salario de 45 mil 44 capacitadores y supervisores electorales, afirma Heycher Cardiel.

Aunque se mantienen aún en reducidas proporciones que no colocan en riesgo la integración de casillas, hay dos factores que han llamado la atención en las pasadas elecciones: el número de rechazos ciudadanos a participar y los funcionarios que deben ser tomados de la fila de electores el día de los comicios ante la ausencia de los designados.

Durante los comicios de 2015 –primera experiencia de la casilla única tras la reforma electoral– se sustituyó a 354 mil 664 ciudadanos desginados: 44.55 por ciento por rechazo a participar o tener un viaje el día de la elección, y 29.24 por razones laborales.

En el segundo caso los ciudadanos asignados de la fila fueron 57 mil 438, cifra que representa 7.7 por ciento de los 745 mil 436 funcionarios de casilla que participaron. Es un porcentaje marginal, pero el más alto en la historia electoral reciente, que duplicó el reportado en 2012.

Un diagnóstico elaborado por el consejero Marco Antonio Baños sobre el proceso de integración de casillas, publicado en el estudio Fortalezas y debilidades del sistema electoral, editado recientemente por Integralia Consultores y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subraya: “El número de sustituciones de funcionarios de casilla registrados en procesos recientes indica que el interés de los ciudadanos por participar en la integración de las mesas de casilla se ve severamente afectado por distintas condiciones de orden social y político que de no atenderse seguirán siendo uno de los principales obstáculos a los que la autoridad electoral se enfrentará en cada elección.

Es fácil advertir que el ciudadano no encuentra incentivos para participar como funcionario de casilla y que, de mantenerse los niveles actuales de calidad de la ciudadanía, cada vez será más compleja la integración de las mesas directivas de casilla, advierte el análisis de Baños, quien hoy funge de presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral que coordinará las tareas capacitadoras.

Habrá 15 mil 242 secciones de atención especial

A partir del miércoles el INE empezará el proceso de capacitación de funcionarios de casilla, en una primera etapa hasta el 27 de abril, tras lo cual habrá una segunda insaculación y la definición de quiénes de los 11.5 millones de electores –equivalente a 13 por ciento del listado nominal– acreditan los requisitos de ley para capacitar en una segunda etapa a 1.4 millones.

Heycher Cardiel subraya que la tarea enfrenta desafíos de importancia por dos factores: la emigración y la dispersión poblacional.

Las zonas fronterizas y turísticas representan el mayor desafío, porque complican las tareas de notificación, capacitación y participación directa. En la frontera, donde incluso se registran algunos de los mayores niveles de participación, hay una importante población flotante, aunado a que muchas personas laboran en Estados Unidos, lo cual dificulta las tareas de capacitadores y supervisores electorales.

La migración interna representa otra complejidad. Hay regiones de la Mixteca oaxaqueña donde hasta 60 por ciento de la población es migrante. Ello implica adoptar estrategias diferenciadas para obtener el objetivo de integrar las casillas.

En principio, de las 68 mil 436 secciones que hay en el país las juntas distritales han definido 15 mil 240 como secciones de estrategia de atención especial: 10 mil 670 en nivel uno, o sea, con indicios de problemáticas específicas –migración, inseguridad, analfabetismo, dificultades geográficas– y 4 mil 572 de nivel dos, es decir, claramente con problemáticas específicas.

Hay otras complejidades: en México hay 3 mil islas, de las cuales hay 164 habitadas donde residen alrededor de 600 mil electores.

Capacitar a un ciudadano implica una primera visita de sensibilización, que supone sortear las dificultades logísticas de ubicarlo en su domicilio; una segunda etapa de capacitación más específica y posteriormente participar en prácticas y simulacros.

Sobre la voluntad de participar de los ciudadanos, Cardiel refiere que ésta se vincula en gran medida con el contexto de los procesos. Si bien señala que hubo un repunte de los rechazos en 2015 –que se mantiene, enfatiza, en proporciones marginales que no han colocado en riesgo la integración de casillas–, se registró principalmente en los 17 estados con elección concurrentes.

Aduce que se trabaja en disuadir las causales laborales mediante acuerdos con el sector empresarial para que den su anuencia a los ciudadanos para participar. La razón laboral es la principal causa de las sustituciones.