La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la Cuenta Pública 2016 acreditó que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) incumplió con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), al contratar al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México para la adquisición de materiales y suministros para planteles educativos por un monto de 653.7 millones de pesos.

Al carecer de las capacidades requeridas, se subcontrató con otros proveedores la compra de los bienes y servicios solicitados. Lo anterior, pese a que la ASF en su análisis de la Cuenta Pública 2015 ya había recomendado al Conafe que la adquisición de bienes se realizará mediante licitación pública.

El organismos fiscalizador detectó que de los 789.2 millones con que contó el Conafe para adquirir artículos educativos, útiles y diccionarios escolares en 2016, no acreditó la distribución final de materiales por 269.8 millones, que representa 34.4 por ciento de lo adquirido.

El consejo, que atiende a 320 mil niños de prescolar y primaria que viven en comunidades rurales en zonas de alta y muy alta marginación, tampoco acreditó la recepción y entrega en el almacén central de 101 mil 83 paquetes de útiles escolares, por un costo de 8.5 millones de pesos, ni la entrega-recepción de los bienes en los almacenes estatales ni a los beneficiarios del programa.

La ASF acreditó que en los almacenes del Conafe se localizaron existencias de equipo, útiles y diccionarios escolares, por un monto de 23.6 millones de pesos, que no se entregaron a los educadores ni a quienes está dirigido el Programa de Educación Inicial y Básica.

Lo anterior, pese a que en la revisión de cuentas públicas de años anteriores, la Auditoría emitió recomendaciones al consejo para que actualizara su Manual General de Organización, lo alineara con la estructura vigente y lo publicara en el Diario Oficial de la Federación, pero no ha concretado las acciones para cumplir con la normatividad en la materia.

Por lo anterior, la ASF determinó que hay una recuperación probable de 280.6 millones de recursos del erario, por lo que emitió 11 recomendaciones, cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.

En la tercera entrega de resultados de la Cuenta Pública 2016, la ASF detalla que las contrataciones entre dependencias y entidades públicas al amparo del artículo primero de la LAASSP establece una excepción para la asignación directa de contratos, aunque se tiene la obligación de administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, pues las contrataciones entre dependencias públicas supone condiciones favorables para el Estado, toda vez que este tipo de instancias no tiene como objetivo la generación de utilidades ni la ganancia económica.