Torreón, Coah.

La Ley de Seguridad Interior no es para militares, es para el Estado, aseguró el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en medio de la controversia por juicios de inconstitucionalidad que promueven legisladores, ayuntamientos y organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en un intento por detener su aprobación.

No me corresponde a mí (referirse a los recursos de inconstitucionalidad que se promueven); es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que va a decidir. No es una ley para militares, es una ley para el Estado; esta ley impone obligaciones a todas las autoridades responsables para la seguridad pública, no a los militares nada más, expuso en entrevista en las instalaciones de la decimoprimera región militar, donde puso en marcha la construcción de un hospital de especialidades médicas para integrantes de las fuerzas armadas.

La SCJN admitió recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior promovidas por organismos autónomos como la CNDH y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, diputados federales y senadores, así como los ayuntamientos de Cholula, Puebla, y Parral de Hidalgo, Chihuahua.

En un comunicado, la CNDH aseguró que la emisión de una Ley de Seguridad Interior en los términos que se plantea contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las fuerzas armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, al dejar de lado acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo tareas de seguridad pública en términos del artículo 21 constitucional.

El general Cienfuegos y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, colocaron la primera piedra de lo que será el nuevo hospital militar, cuyo costo será de 352 millones de pesos y se inaugurará antes de finalizar la administración del presidente Enrique Peña.