El gobierno mexicano espera información financiera de Suiza para el caso Odebrecht, así como autorización del gobierno brasileño para desahogar nuevas diligencias con los testigos colaboradores que han señalado a ex directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que habrían recibido sobornos para beneficiar a la compañía sudamericana.

Funcionarios federales señalaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) no ha dado por concluida la carpeta de investigación de Odebrecht, empresa constructora de Brasil implicada en la llamada operación Lavado rápido (Lava jato) y que desde 2014 es investigada en Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú y República Dominicana, entre otras naciones.

En México, las autoridades investigan actos de corrupción por más de 10 millones de dólares, en los que presuntamente está involucrado Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y al menos cuatro ex funcionarios más. El Ministerio Público Federal ha recibido testimonio juramentado de directivos de Odebrecht.

Sin embargo, estas autoridades buscan que los testimonios sean ratificados y amplíen los detalles de las operaciones realizadas, y para ello se espera que se aprueben las diligencias ministeriales, ya sea por videoconferencias o bien que los fiscales mexicanos acudan a Brasil, junto con los defensores del ex director de Pemex, quienes también han solicitado que se efectúen interrogatorios a los testigos y a los indiciados, que eran directivos de la compañía brasileña.

En ese contexto, en octubre del año pasado Raúl Cervantes Andrade, ex titular de la Procuraduría General de la República –cuando presentó su renuncia al cargo–, declaró que la carpeta de investigación estaba concluida. Sin embargo, las fuentes consultadas señalaron que falta documentación financiera proveniente de Suiza, la cual se entregará conforme a la legislación internacional y servirá para confirmar o desmentir que realizaron transferencias monetarias en bancos de esa nación europea y luego se enviaron a paraísos fiscales a cuentas de funcionarios mexicanos.