uego de que el presidente municipal de Bogotá, Enrique Peñalosa, declarara emergencia ambiental y sanitaria en la capital colombiana debido a una protesta de trabajadores del departamento de basura –que impidió la recolección de toneladas de residuos– la procuraduría impuso sanciones a la alcaldía de Bogotá por mentir sobre la crisis ecológica.

La procuraduría, que vigila y castiga a los funcionarios públicos, separó de su cargo por tres meses a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Beatriz Elena Cárdenas, por el mal manejo de la situación, ocurrida a finales de enero.

La información que recibimos, en el caso de las autoridades distritales, no correspondió a la realidad, expresó el jefe de la dependencia, Fernando Carrillo.

El primero de febrero, el alcalde de Bogotá declaró emergencia ambiental y sanitaria por las toneladas de basura que no fueron recolectadas durante varios días. El caos comenzó por la protesta de un grupo de recolectores, debido al cambio de esquema, que incluyó la entrada en operación de empresas privadas y que, según ellos, dejaría a 3 mil 700 trabajadores sin empleo.

Diez días después, Peñalosa dio por superada la crisis, pese a que cientos de toneladas de residuos se siguieron acumulando en varios puntos de la ciudad.

Se faltó a la verdad, porque en algunos casos se afirmó que se habían realizado acciones que no correspondieron a los hechos y se respondió a medias frente a la situación, declaró Carrillo.

El funcionario sostuvo que la alcaldía tuvo una gran falta de planeación en el diseño del nuevo sistema de basura.

El alcalde Peñalosa, que en medio de la crisis llegó a considerar las quejas de los bogotanos como un melodramatismo exagerado, afirmó en Twitter que respeta y acata la decisión del procurador.

Afp