Buenos Aires.

El Instituto Independencia, de estudios políticos e históricos, denunció ante la justicia al presidente Mauricio Macri y a varios de sus funcionarios por los delitos de traición a la patria, indignidad nacional, revelación de secretos de Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público, basados principalmente en las decisiones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la apertura de una base de operaciones de Estados Unidos en la provincia de Misiones.

Además del mandatario, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Óscar Aguad, son acusados “de pactar una suerte de silencio y encubrimiento ante la desaparición o hundimiento del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes (desaparecido en noviembre pasado)”. Advirtió que existe una especial gravedad en el hecho de que el último funcionario mencionado no sólo no haya brindado explicaciones públicas respecto del hundimiento del submarino, sino además contara con el respaldo presidencial posterior a los sucesos ocurridos.

Respecto de la llegada de agentes de Estados Unidos al norte argentino, el escrito sostiene que Aguad forma parte “de los acuerdos de instalación de bases militares negociados en Washington DC conjuntamente con la ministra de Seguridad, al tiempo que en el día de la fecha se conociera, en el Boletín Oficial, la firma del decreto 125/2018, el cual ordena la compra de material bélico mediante el procedimiento de excepción y asigna a dicha operación el carácter de secreto por razones de seguridad y defensa nacional”.

Se remarca en la denuncia que en uno de los considerandos del decreto se afirma expresamente que resulta necesario incorporar nuevo material dando prioridad a aquellos que potencien la capacidad disuasiva (represión social), favorezcan la normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aportes nuevos, desarrollos tecnológicos, que posibiliten iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de defensa antiaérea de baja y muy baja cobertura. Además, a través del procedimiento de excepción asigna a dicha operación el carácter secreto por razones de seguridad y defensa nacional.

Asimismo, deberá investigarse si como parte de los acuerdos para la instalación de bases militares firmados se han comprometido secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares que pudieran comprometer la seguridad de la nación, los medios de defensa disponibles o las relaciones exteriores de nuestro país, conforme reprime el tipo penal previsto en el articulo 222 del Código Penal, puesto que es éste el verdadero móvil por el cual las potencias extranjeras se valen del recurso de instalación de bases amparadas en versiones modernas de la vieja doctrina de seguridad nacional.

La titular del Instituto Independencia, Daniela Bambill, explicó que en la denuncia hablamos de traición a la patria porque hay una colaboración permanente con las potencias que amenazan el Atlántico sur.

También elevarán un informe al Congreso solicitando la creación de una comisión investigadora para iniciar el pedido de juicio político a los funcionarios. La denuncia recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, por lo cul aseguraron que, de confirmarse la jubilación del magistrado, pedirán su recusación.

En tanto, en el último informe de Amnistía Internacional se reclama al gobierno la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales (citando el asesinato de Rafael Nahuel, en Río Negro, durante un desalojo y de Santiago Maldonado, en Chubut) como agresiones y persecución a comunidades indígenas. También sobre el retroceso en el reconocimiento de derechos de migrantes, dificultades de mujeres y niñas para acceder al aborto legal.