En todo el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2011-16), en el estado de Veracruz, se registraron irregularidades por un total de 47 mil 472 millones de pesos que ameritaron más de 30 promociones de responsabilidad administrativa, indicó el informe de la cuenta pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con los estudios del ente revisor del gasto gubernamental, en los seis años que duró la administración del priísta –actualmente preso en el Re­clusorio Oriente de la capital, acusado de cargos como delincuencia organizada y lavado de dinero– se determinaron posibles daños al erario por 64 mil 733 millones de pesos.

De esa cantidad, únicamente se aclaró el destino final de 7 mil 178 millones de pesos, mientras que otros 6 millones 814 mil están proceso de resarcirse. Según el análisis, la mayor parte de las inconsistencias se presentan en la nómina educativa, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y los programas y fondos federales.

Entre los ejemplos de las irregularidades en que incurrió la administración de Duarte se encuentra el de entrega de los recursos del gasto federalizado a los organismos estatales y a los municipios.

Lo anterior ha hecho que se presuma un posible quebranto por 91 millones 345 mil pesos, luego de que el gobierno estatal no presentó evidencias suficientes que acreditaran la entrega de dichos recursos a diversos entes del gobierno veracruzano, según la auditoría identificada con la clave 1657-GB-GF.

Otro caso ilustrativo es el del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en el cual se estima un daño patrimonial de 12 millones 973 mil pesos por haber excedido injustificadamente las cantidades a pagar en diversos rubros de dicho esquema, en­tre ellos los de compensaciones al personal y fortalecimiento al modelo.

En ese mismo programa escolar ocurrieron de forma recurrente otras inconsistencias, como no presentar evidencias de que se realizaran diversos trabajos, pagos excesivos e injustificados a trabajadores, pago de compensaciones no explicadas y falta de comprobación de recursos que le fueron retenidos al personal.

En lo que se refiere al programa de inclusión social Prospera, en el componente de salud, la ASF descubrió que en el ejercicio fiscal 2015 no se entregaron documentos que comprobaran el ejercicio de 22 millones 152 mil pesos, lo cual indica que el gobierno duartista no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.

Otro de los rubros en que la administración estatal registró irregularidades financieras es el de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo. Ahí, en 2016, las autoridades veracruzanas realizaron múltiples pagos sin disponer de la documentación comprobatoria, lo que generó el posible desvío de 280 millones 49 mil pesos.

En ese mismo tenor, se documentó que hubo un daño a la hacienda pública por 60 millones 173 mil pesos en los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, ya que nunca se integraron a dicho esquema los fondos obtenidos de otros ramos, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.

Además, la Secretaría de Educación de Veracruz no realizó pagos a trabajadores luego de su baja definitiva o durante su licencia sin goce de sueldo, y al mismo tiempo efectuó pagos indebidos a más de 300 trabajadores comisionados a diferentes secciones sindicales.

En el panorama de desvíos e inconsistencias del sexenio de Javier Duarte, también se incluyen rubros como el Financiamiento Público Local, las Participaciones Federales a las Entidades Federativas, los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y los Recursos del Fondo para la Infraestructura Estatal Social.