l 17 y el 18 de febrero se realizaron los eventos de selección más importantes de los partidos políticos nacionales –correspondientes a la campaña electoral que tendrá su punto culminante en las votaciones del primero de julio de 2018– para designar formalmente a sus candidatos presidenciales, así como a quienes integrarán las listas de candidatos de representación proporcional al Senado.

Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade fueron ungidos formalmente candidatos de sus respectivas coaliciones. Para valorar en su justa dimensión lo ocurrido, recordemos el fundamento constitucional de los partidos políticos.

De acuerdo con el artículo 41 de la Carta Magna, los institutos políticos son instituciones muy importantes para la democracia nacional, pues una de sus funciones más relevantes es la formación de ciudadanía, promoviendo el debate de los programas y plataformas que los identifican, de tal manera que las personas que formen parte de los órganos de representación merced a su postulación como candidatos y, sobre todo, al voto popular, actúen conforme a tales principios e ideas, y sus electores se sientan fielmente representados. Sin embargo, existen muchos estudios que demuestran que enfrentamos una profunda crisis de representación. En ese contexto, hay que leer los eventos de partidos y coaliciones del fin de semana.

Salta a la vista que los ahora integrantes de las tres listas de candidatos no cursaron por proceso alguno que indique que están comprometidos con las plataformas registradas ni, mucho menos, que establecieron algún tipo de comunicación con las bases partidistas, de manera que hayan creado algún vínculo o compromiso que justifique plenamente su voto. Se ha profundizado la idea de que los partidos políticos sólo son franquicias para conquistar un puesto de representación y defender quién sabe qué intereses.