Expertos, académicos y abogados en materia laboral, así como representantes de la AFL-CIO, la principal central sindical de Estados Unidos, pidieron en el Senado mexicano que no se apruebe al vapor la ley reglamentaria del artículo 123 Constitucional, como pretenden el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno federal.

Insistieron en que se debe abrir un debate amplio, ya que se trata de una contrarreforma que afectará derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos la estabilidad en el empleo.

En ese foro, organizado por el Partido del Trabajo y Morena, el coordinador de ese grupo, Manuel Bartlett, expuso que PRI y Acción Nacional están desesperados por aprobar fast track la iniciativa de ley secundaria sobre justicia laboral, que presentaron los priístas Isaías González Cuevas y Tereso Medina.

Reveló que además de que en el pleno senatorial se impuso un día antes un acuerdo de PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática para crear dos espacios más en la Comisión de Trabajo –para conseguir la mayoría–, ayer trataron de votar que se quite la presidencia de ese organismo al senador Miguel Ángel Chico Herrera, quien se acaba de incorporar al PT-Morena, luego de dejar el tricolor.

Bartlett expuso que pretendieron que él firmara un acuerdo cachirul, tomado sin que la Junta de Coordinación Política se haya reunido, para reafirmar su control de esa Comisión de Trabajo responsable de dictaminar la cuestionada ley secundaria de la reforma constitucional sobre justicia laboral.

Al respecto, el senador Luis Humberto Fernández, del PT Morena y moderador del foro, dijo que se debe revertir la iniciativa de Medina y González Cuevas, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que de manera vergonzosa presentaron esa propuesta, que es una verdadera contrarreforma laboral.

En su intervención, la directora internacional de la AFL-CIO, Cathy Feingold, resaltó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no puede apoyar una legislación que significará que la situación de los trabajadores mexicanos va a ser peor que en la actualidad.

En el foro participó Luisa María Alcalde, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para integrar su gabinete como titular del Trabajo y Previsión Social, en caso de que gane las elecciones. Resaltó que es necesario evitar que el corporativismo sindical vuelva a tomar las decisiones e impida una verdadera democracia y libertad sindical.

Por su parte, el consultor en derecho laboral Ezequiel Pineda hizo notar que la iniciativa del PRI facilita los despidos de personal, suprime la obligación del patrón de notificar por escrito los motivos para rescindir contratos, establece menores indemnizaciones, inhibe las justas reclamaciones de los trabajadores para disminuir las demandas laborales y facilita la subcontratación y pretende quitar el voto libre y secreto a los sindicalizados, así como facilitar la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo.

De forma similar se manifestaron los también asesores laborales Arturo Alcalde y Héctor Barba, así como los catedráticos Alfredo Sánchez Castañeda e Ismael González.