Los manejos oscuros del SAT
no de los graves problemas de nuestro país es el manejo político del pago de impuestos. A los amigos del Presidente de la República no se les da seguimiento formal sobre las contribuciones que cubren. En tanto, al resto de la población se vigila con rigor que cumpla con éstas.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo el mando de Osvaldo Antonio Santín Quiroz, cuenta con la información suficiente para dar seguimiento a los recursos bien y mal habidos de personas y empresas, como Emilio Lozoya, ex director de Pemex; la empresa brasileña Odebrecht, de Marcelo Odebrecht, o Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa.
Sin embargo, cuando se trata de personas o firmas relacionadas con el actual gobierno, el SAT se mantiene al margen de cualquier investigación o simplemente ajusta la información a los intereses del Presidente de la República y su grupo cercano.
Si se destapa un escándalo a escala internacional, como el de los Papeles de Panamá y se menciona a empresarios y políticos mexicanos, el SAT dice que investigará en detalle si los involucrados cumplen con sus responsabilidades fiscales. Sin embargo, a los amigos del gobierno en turno no se les toca ni con el pétalo de una rosa, aun cuando en el resto del mundo los responsables de la corrupción estén en la cárcel.
Algo semejante pasa con aquellos empresarios que han ganado licitaciones públicas, muchos ligados a los estados de México e Hidalgo. Durante el sexenio se han realizado inversiones y desvíos multimillonarios en la contratación de todo tipo de infraestructura y servicios, pero para el SAT no hay sospecha alguna de malos manejos.
Para resolver este problema, como parte de una política contra la corrupción, la única forma de lograrlo es mediante la separación del SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como sucede con el Banco de México, que es autónomo en sus funciones y administración.
Con un SAT autónomo, el Poder Legislativo debe escoger al titular del SAT y acabar con cualquier tipo de sospechosismo sobre la fiscalización de personas físicas y morales ligadas al poder. Sólo en esas condiciones el Servicio de Administración Tributaria responderá a los intereses de la nación y no del gobierno en turno.
