odo indica que una de las joyas presumidas por el gobierno peñanietista resultó ser… de fantasía. La propaganda oficial celebra que a lo largo del sexenio se han generado más de 3 millones de nuevos empleos formales, pero el sector privado –aliado natural del régimen– ha documentado que sólo 40 por ciento (4 de cada 10) de ese monto tiene cupo en dicha categoría.

La Secretaría del Trabajo, basada en la estadística del IMSS, contabiliza la generación de 3 millones 237 mil 241 nuevos empleos formales entre el primero de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2018 (62 meses de gobierno peñanietista), lo que a simple vista es un récord.

El problema comienza cuando el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial) ha documentado que a ese número hay que descontar alrededor de 2 millones de plazas existentes que el gobierno peñanietista y los empresarios sólo formalizaron a lo largo de la presente administración, de tal suerte que, en realidad, los nuevos trabajos formales generados en el periodo citado suman poco menos de 1.3 millones.

Por lo anterior, en opinión del Ceesp, el mercado laboral mexicano, lejos de celebrar la joya presumida por el gobierno de EPN, en realidad vive una situación no tan favorable, tanto por el nivel salarial como por el número oficial de generación de plazas, pues la mayoría (60 por ciento del total) ya existía (El Universal).

Por el lado de la precarización laboral, el organismo empresarial advierte que se acentuó al cierre de 2017 y el repunte en inflación se tradujo en mayores niveles de pobreza y desigualdad. Los salarios ofrecidos se mantuvieron en niveles bajos, pues si bien aumentó la población ocupada, ésta consiguió empleos con hasta dos salarios mínimos, reduciéndose drásticamente la oferta en los rangos superiores a dicha cota.

Al Ceesp le preocupa que la precarización del mercado laboral se acentúa, propiciando una disminución en el bienestar de los hogares; otro problema preocupante es el repunte de la inflación, propiciando pérdida del poder adquisitivo que, a su vez, se tradujo en mayores niveles de pobreza y desigualdad. Además, de acuerdo con el Coneval, el porcentaje de la población con ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta alimentaria aumentó de 40 por ciento en el cuarto trimestre de 2016 a 41 por ciento en el mismo lapso de 2017 (La Jornada, Julio Reyna Quiroz).

En castellano simple, apenas cuatro de cada 10 plazas laborales formales contabilizadas como de nueva creación en el sexenio del empleo (Peña Nieto dixit) en realidad pueden considerarse así. El resto (seis de cada 10) sólo forman parte de la propaganda.

En ese mismo tenor, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) advierte que la realidad laboral del país obliga a no sólo preocuparse por la creación de empleo, sino por la calidad del mismo, pues de ello depende el nivel de ingreso, la seguridad social e incluso la estabilidad familiar. La creación de empleos no es suficiente cuando se tiene que de los 52 millones de trabajadores sólo 5 por ciento pude acceder a ingresos superiores a cinco salarios mínimos, por lo que el otro 95 por ciento tiene ingresos muy inferiores.

De esta manera, la generación de oportunidades laborales se ha concentrado en los estratos de ingresos más bajos y con menores prestaciones. El análisis del bienestar está estrechamente relacionado con la capacidad que la gente tiene para aumentar sus niveles de consumo, lo cual, a su vez, depende del empleo y los ingresos derivados del mismo. La relevancia de ello es la incidencia que tienen los menores salarios en la pobreza. El análisis de las entidades federativas muestra que justamente donde existe una mayor proporción de personas ocupadas con un ingreso de hasta un salario mínimo o incluso que no reciben ingresos, el porcentaje de población total en una situación de pobreza también es mayor. Lo anterior, además, se encuentra relacionado con una mayor incidencia en la informalidad y la inseguridad.

Tal escenario, detalla el IDIC, tiene además una incidencia sobre la violencia en el país: existe una correspondencia real entre informalidad, pobreza y bajos salarios con el registro de delitos; a medida que estas variables son mayores, los delitos también presentan una mayor proporción en el total nacional, por lo que el cambio estructural que requiere el entorno social está también relacionado con las condiciones de seguridad nacional.

El incremento de la incidencia delictiva en el país obliga a replantear una estrategia de seguridad con una perspectiva holística, que integre herramientas que mejoren el entorno económico y laboral y con ello las condiciones sociales y de bienestar de la población.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) realizada por el Inegi indica que, en 2016, 34.2 por ciento de hogares en el país tuvo al menos una víctima de delito. Y se estima que en ese mismo periodo existieron 28 mil 788 víctimas por cada 100 mil habitantes. Esta misma encuesta indica que del total de delitos durante 2016, 24.2 por ciento fue por extorsión, 12.6 por algún tipo de fraude y 6.6 robo en casa habitación, siendo Baja California, estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Guerrero los que sobresalen en el número de víctimas.

Este tema, sin duda, es complejo y grave, daña a los hogares en muchos aspectos y tiene raíces multifactoriales, donde mejorar las condiciones laborales constituye un mecanismo integral de regeneración del tejido social con una base productiva y que además es sostenible en el largo plazo.

Según la Envipe, el costo total a causa de la inseguridad en hogares representa 1.1 por ciento del PIB, lo cual equivale a un promedio de 5 mil 600 pesos por persona afectada por la seguridad y el delito. Se estima que 61.1 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy día a su entidad federativa, seguido por el aumento de precios y desempleo.

Las rebanadas del pastel

¿Qué raro? Quienes ahora se dicen indignados por ciertas candidaturas al Senado de la República nunca se han mostrado indignados por el homicidio industrial en Pasta de Conchos (65 mineros muertos) ni por las tropelías, saqueos y corruptelas, más el reguero de tóxicos de ciertos barones de la minería.

Twitter: @cafevega

D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com