os maestros han sido botín político de las cúpulas sindicales y de sus fricciones internas en esta coyuntura electoral. Mediante Nueva Alianza, Juan Díaz de la Torre oferta el voto magisterial al PRI, su partido protector; Elba Esther Gordillo Morales, por conducto de las Redes Sociales Progresistas (RSP), de sus familiares y de su operador más notable, el ex secretario general del SNTE Rafael Ochoa Guzmán, ofrece el voto de los maestros y sus huestes electorales a Morena.
Los jaloneos sobre quién tiene la legalidad del sindicato, Juan Díaz o Elba Esther, no tienen que ver con un proceso democratizador del gremio, no son una preocupación sobre la representación legítima de los maestros venida de sus núcleos organizacionales, sino una pugna de facciones gansteriles funcionales al régimen. En el fondo está el control económico de las cuotas sindicales obligatorias, de la maquinaria electoral construida sobre las mismas estructuras charriles del sindicato, el comando de los mercenarios del fraude electoral al servicio del mejor postor. La pelea por la dirección legal del SNTE no es para representar a los maestros, es para negociar en nombre de ellos.
La ambigüedad jurídica de los alcances del amparo concedido por el gobierno priísta en el que se suspendía la toma de nota del secretario general del SNTE, tres días antes de su congreso y uno antes del acuerdo nacional magisterial con AMLO no es casual, fue el mensaje al grupo gordillista para devolverle el sindicato y recuperar el pacto de complicidad, con la condición de que rompiera la alianza con Morena. No obstante, el coqueteo electoral con Gordillo terminó en acoso cuando su equipo político no desistió de continuar la alianza: inicialmente se dijo que el amparo no invalidaba a Juan Díaz de la Torre, pero después vino la suspensión de sus efectos y luego la restricción para no permitir a la maestra comunicación telefónica o por Internet ni visitas que no sean de sus familiares, abogados o médicos.
Acto seguido, en fast track y derrochando millonarios recursos destinados en cañonazos económicos directos a los delegados para comprar su servilismo, el congreso del SNTE culminó el proceso fraudulento de sus eventos previos en los estados, validó a los funcionarios sindicales para que paralelamente cumplan funciones como resultado de su participación en las urnas y ungió a Juan Díaz de la Torre, el judas de los maestros, para estas elecciones y los próximos seis años (por lo pronto).
En el otro escenario de la pugna entre bandos sindicales está la firma del acuerdo nacional magisterial al que convocaron las RSP en Zacatecas; ahí se afirmó alianza con Morena y la legitimación mediática del grupo elbista ante un auditorio, que en realidad llegó imantado por la figura de Andrés Manuel López Obrador. Lógicamente, AMLO habló como abanderado de la coalición partidista Juntos Haremos Historia; por los maestros el único que fijó posicionamiento público, suplantando la voz de todas las fuerzas magisteriales, gordillistas o no, fue Rafael Ochoa Guzmán, pero ¿quiénes y en qué instancias lo nombraron vocero del magisterio nacional? Eso nadie lo sabe.
Las alianzas cupulares de Juan Díaz con el PRI y de Elba Esther en nombre de los maestros mexicanos con Morena son igual de ilegítimas. Ambos grupúsculos llegaron a la dirección sindical por medios fraudulentos y en climas de imposiciones violentas hacia los sectores de oposición democrática, se mantuvieron ahí pactando con los poderes del Estado la entrega de la escuela pública y los derechos laborales de los docentes, avalando los pactos, acuerdos y reformas educativas neoliberales de las últimas dos décadas. Incluso la contrariedad de Elba Esther a la más reciente reforma educativa fue una invención para poner mayor precio a la entrega de la estabilidad de los profesores.
Sin embargo, la efervescencia por la posibilidad de echar del poder presidencial a los partidos de la derecha histórica, hierve en los calores políticos de los maestros de a pie, los obliga a colocar el tema entre las valoraciones cotidianas, abiertas y de los grupos en resistencia; paralelamente a los acuerdos cupulares, partidistas y sindicales, el consenso de los docentes excluidos ha sido el no votar por los partidos del Pacto por México, consigna que debería ampliarse a los candidatos que dentro de él promovieron la reforma educativa y a los líderes sindicales corruptos, que hoy se lavan las manos en los partidos de la izquierda electoral.
En términos de voluntades reales de cambio, el compromiso de AMLO para modificar la Ley General del Servicio Profesional Docente es una propuesta tan limitada como ambigua; la reforma educativa es también una estrategia integral de muchos mecanismos para el desmantelamiento de la escuela pública y el desarme cultural de la infancia; el riesgo de una legislatura electa de entre los neomorenos que fueron partícipes de su aprobación y de una ley promovida por quienes siguen siendo parte del charrismo sindical o son ex funcionarios que introdujeron el neoliberalismo educativo en los años 90, son ingredientes que no le dan un buen sazón; a su propuesta le falta el sabor de la izquierda magisterial, aunque ésta no tiene un ejército con entrenamiento electoral a la venta, sí cuenta con un proyecto alternativo de educación pensado para la democratización de México.
*Doctor en pedagogía
