ás que los discursos y las escenografías de este domingo de confirmación de las candidaturas presidenciales tan sabidas, resultan especialmente significativos los movimientos internos, los reacomodos grupales y, en especial, las postulaciones a las cámaras legislativas.

Dos de los candidatos ya oficiales (hasta ayer aún eran precandidatos que habían hecho precampañas) mantuvieron un control personalísimo sobre los rangos importantes de las listas de aspirantes a diputaciones federales y senadurías: Andrés Manuel López Obrador, en Morena, se permitió incluso el exceso de colocar en lugares viables al dirigente sindical minero Napoleón Gómez Urrutia (llamado Napito en razón de haber heredado el control de ese sindicato de su padre, Napoleón Gómez Sada, quien duró 40 años como jefe de ese gremio, al clásico estilo priísta). Gómez Urrutia fue acusado de desvío de recursos por más de 50 millones de dólares de trabajadores mineros, por lo cual, y ante las evidencias de acción penal en su contra por parte del foxismo-calderonismo luego del accidente de Pasta de Conchos, se fue a vivir a Canadá, obteniendo una visa humanitaria, al declararse perseguido político, y luego la nacionalidad canadiense, según informó en su momento el abogado Marco Antonio del Toro (el mismo defensor legal de Javier Duarte de Ochoa y de Elba Esther Gordillo).

Además de esta designación, resulta polémica y contradictoria la incorporación del ex presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez Cázares, miembro del grupo central que operó el fraude electoral de 2006 y defendió la imposición de Felipe Calderón en términos jurídicos y políticos. Martínez Cázares publicó en días pasados un artículo periodístico en el que narró que le había sido ofrecido el formar parte de una terna que López Obrador presentaría, de llegar a Palacio Nacional, para ocupar la Fiscalía General de la República. No aceptó esa propuesta, pero ayer apareció en la lista de aspirantes al Senado, en un lugar relevante.

Ricardo Anaya Cortés también acomodó los futuros asientos legislativos de su partido conforme al interés de su candidatura presidencial. Ello le causó un revire tan enjundioso como luego negociable por parte del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien hizo en una sesión interna de la cúpula de Acción Nacional una denuncia detallada de las maniobras e irregularidades cometidas por el grupito de Anaya. El enojo oratorio de Corral tuvo como telón de fondo que el frío y traicionero Anaya no incluyó en lugares preferentes, rumbo al Senado, a César Jáuregui Robles, actual secretario general del gobierno de Chihuahua, y a Gustavo Madero, el ex presidente nacional del PAN (impulsor de Anaya, a quien creyó que iba a manejar al dejarle la presidencia del partido de blanco y azul). La aparente ruptura de Corral con Anaya y el PAN hizo que en Morena le hicieran guiños de bienvenida, pero el chihuahuense aclaró que no hay tal posibilidad de migración y reiteró que, a su juicio, López Obrador es un político mezquino.

Los enojos internos en Acción Nacional provienen de los métodos inducidos por el grupo de Anaya para acotar las propuestas regionales y acomodar los segmentos privilegiados de las listas legislativas al pago de las cuentas políticas que éste suscribió en el proceso de hacerse de la candidatura presidencial. En primer lugar para el Senado aparece Josefina Vázquez Mota, a pesar del expediente oscuro de los más de mil millones de pesos recibidos del gobierno federal para apoyo a migrantes y que, triangulados, fueron ejercidos por personajes del josefinismo. Recuérdese que Vázquez Mota fue candidata a gobernadora del estado de México y desde que fue postulada, en febrero de 2017, se filtró la información de que había aceptado esa jugada electoral de sacrificio a cambio de ser candidata segura al Senado.

En segundo lugar de la lista del PAN fue aprobado Miguel Ángel Mancera, político sin registro partidista pero, al mismo tiempo, figura central del perredismo y controlador de la presidencia del comité nacional, ahora con Manuel Granados y hasta hace poco con Alejandra Barrales en ese cargo. Mancera cobra así el hacerse a un lado para que Anaya fuera candidato presidencial, lo mismo que Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de Puebla que está encaminado a lograr un escaño, luego de ceder el paso al mismo Anaya (Moreno Valle, además, logró que su esposa sea candidata a gobernadora de Puebla).

En el bando priísta las batallas internas no se reflejan tanto en las listas de aspirantes a cargos legislativos como en la búsqueda de controlar la campaña del candidato presidencial, su entorno decisorio y su discurso. José Antonio Meade sigue impedido de desplegar algo parecido a una propuesta propia: lo mantienen atado a las figuras desgastantes de Los Pinos y de Enrique Peña Nieto. Ha dicho que no se va a deslindar de estas figuras. En todo caso, ayer ensayó algo parecido a una cierta crítica: dijo que los priístas, y él en lo personal, deben atender el malestar social y hacerse cargo (¡oh, cuán rudo concepto!) de la decepción y el malestar de la población por la violencia y los escándalos de corrupción. Ah, y en un tuit anunció que creará un Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona.

En lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo más notable fue un pleito a sillazos entre miembros de corrientes internas. De las candidaturas al Senado por la vía de la representación proporcional resaltan las designaciones de Emilio Álvarez Icaza, quien aspiraba a ser candidato presidencial por la agrupación Ahora; de Jesús Zambrano, directivo del grupo de los chuchos, y la panista Xóchitl Gálvez.

Para cerrar la presente entrega, estas palabras dichas ayer por López Obrador: “Soy terco –es de dominio público–, necio, dicen obcecado, perseverante o como suele llamarse a quienes defienden principios o alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República: con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción”. ¡Hasta mañana!

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