El proyecto de nueva Ley Nacional de Salud Mental, que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados, transgrede los derechos humanos de las personas con discapacidad sicosocial y va en contra de tratados internacionales en la materia que México ha ratificado, por lo que está obligado a cumplirlos.

Así lo consideraron integrantes de la organización Disability Rights International (DRI), la cual lleva más de dos décadas trabajando por los derechos de esta población en diferentes naciones, entre ellas México, donde ha documentado abusos físicos y sexuales, el uso de sujeciones a largo plazo, aislamientos y la negación de atención médica, entre otros.

Señaló que un postulado del proyecto de ley permite continuar segregando a las personas con discapacidad mental, pues se plantea construir casas de transición en áreas segregadas, como parte de un plan de integración comunitaria.

Modelo Hidalgo era temporal y ya lleva 18 años

La organización recordó que en el año 2000 se implementó un plan similar conocido como Modelo Hidalgo, creado en el hospital siquiátrico Villa Ocaranza, en el estado de Hidalgo. Se construyeron casas de transición en el terreno del hospital como una solución temporal de vivienda, hasta que se crearan los apoyos necesarios para que las personas pudieran marcharse de las instalaciones de la institución y vivir en la comunidad. (Pero) 18 años después, los residentes continúan viviendo en el mismo entorno segregado.

Para la DRI el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados viola la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Priscila Rodríguez, directora adjunta de la organización, aseveró que “la CDPD es muy clara: ‘las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en la comunidad y a la libertad personal’. Segregarlas de por vida puede constituir en sí mismo, tortura”.

Para la activista, las casas de transición del Modelo Hidalgo no representaron una integración a la comunidad, por el contrario, quienes fueron internados ahí, continúan segregados a la fecha, por lo cual no tienen control sobre sus vidas ni libertad, como lo establece la Convención.

Eric Rosenthal, director ejecutivo de Disability Rights International, demandó al Congreso de la Unión y al gobierno mexicano no aprobar el proyecto de ley. En su lugar, se debe adoptar urgentemente una política nacional para cerrar las instituciones, y crear un plan que realmente garantice verdaderos servicios comunitarios y apoyo para sus ciudadanos con discapacidad.

Y es que, dijo, aunque el proyecto de nueva norma de salud mental menciona que queda prohibido el aislamiento, con base en la experiencia de su organización, la única forma de proteger a estas personas de los abusos en instituciones (como estas casas de transición) es sacarlas de ellas para que vivan en la comunidad.