Nueva York.

Más muro fronterizo, más agentes para detener y deportar a inmigrantes, más patrulla fronteriza y más jueces de migración están entre las prioridades –a la par que un incremento dramático del gasto militar y una reducción de programas sociales para los pobres– de la nueva propuesta del presupuesto federal presentada este lunes por el presidente Donald Trump.

Estas prioridades son el marco en el que ayer inició otra ronda de negociaciones sobre la política migratoria, esta vez en el Senado, donde, entre otras cosas, podría definirse si habrá o no solución inmediata para los dreamers, cuyo programa de protección contra la deportación quedará anulado en menos de un mes.

Vale subrayar que el presupuesto federal elaborado por el Ejecutivo nunca es lo que se acaba aprobando y más bien es una lista de prioridades de la Casa Blanca –ya que el Congreso determina el gasto federal– pero sus objetivos sobre política migratoria serán parte del contexto del debate que inició esta noche en el Senado.

Trump y sus aliados están promoviendo la propuesta que la Casa Blanca presentó al Congreso hace un par de semanas, en la cual a cambio de la legalización condicional hasta de 1.8 millones de dreamers, se exige la aprobación del muro fronterizo, acelerar el arresto y deportación de inmigrantes y un desmantelamiento del actual sistema de migración familiar y de otorgamiento de visas para reducir la inmigración legal, sobre todo de países del tercer mundo.

El debate en el Senado comenzó sin una propuesta central y por tanto nadie sabe qué rumbo tomará, si es que logra avanzar. Por ahora, hay pugnas entre diversos grupos de senadores, algunos plantean la propuesta de Trump y otros buscan una solución limitada a resolver sólo la estancia de los dreamers, jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad y que estaban protegidos temporalmente por el programa ejecutivo impulsado por Barack Obama conocido como DACA, el cual fue cancelado por su sucesor.

La pugna se da tanto dentro del Congreso como entre agrupaciones encabezadas, por un lado, por organizaciones de dreamers y sus aliados, defensores de derechos de los inmigrantes, algunos sindicatos e iglesias y sectores del empresariado; y por otro, grupos conservadores que son clave para movilizar a las bases antimigrantes que ayudaron a elegir al presidente, junto con ultraderechistas e incluso fascistas, que se oponen a lo que llaman una amnistía para “ilegales”.

Líderes del movimiento de defensa de los dreamers reiteran que no desean ser fichas de negociación y exigen una solución legislativa que no incluya medidas para deportar a sus familiares y comunidades. La semana pasada, cuando el Congreso aprobó el gasto federal sin incluir una solución para los jóvenes indocumentados, líderes del movimiento acusaron a legisladores de ambos partidos de traición, sobre todo a los demócratas, quienes ahora entran a esta nueva etapa de negociaciones sin la única palanca que tenían al debatirse el gasto federal.

Pero aun si el Senado logra un acuerdo, éste tendría que ser aprobado después por la Cámara de Representantes y finalmente promulgado en ley por el presidente. Este lunes, Trump comentó: iniciamos pláticas realmente serias sobre DACA, y advirtió que todo depende de la voluntad de los demócratas.

En su propuesta para el presupuesto, el gobierno de Trump propone 1.6 mil millones de dólares (de un total de 18 mil millones) para la segunda etapa del muro fronterizo, con lo que espera construir 65 millas (poco más de 100 kilómetros) adicionales en la frontera con Texas, a un costo de casi 25 millones por milla). Además, propone la contratación de 2 mil agentes más para la agencia federal de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) encargada de detenciones de inmigrantes, y otros 750 para la Patrulla Fronteriza, incrementar la capacidad total de los centros de detención a 52 mil personas y casi 40 millones para el sistema de tribunales de migración, incluyendo la contratación de otros 75 jueces y fiscales. Todo esto está justificado, según Trump, para hacer que nuestro sistema de migración funcione para los estadunidenses.

Por separado, para programas del Departamento de Estado, el gobierno propone 3.8 mil millones de dólares para mejorar el sistema de control de visas, y mil millones más para México, Centro y Sudámerica con el fin de romper el poder de las organizaciones criminales trasnacionales en torno a la migración indocumentada, así como para abordar la insuficiente oportunidad económica, gobiernos débiles y seguridad inadecuada, todo lo cual impulsa la migración irregular de esos países.

Mientras tanto, continúa la ofensiva antimigrante detonada por Trump, con detenciones y deportaciones de cualquiera, con o sin historial criminal, incluso en lugares como tribunales y escuelas o arrestando figuras destacadas en sus comunidades, incluso doctores, maestros, pequeños comerciantes, y ahora defensores de comunidades migrantes, aterrorizando así a comunidades de costa a costa,

Mientras tanto, sobre este tema los supuestos representantes del pueblo rehúsan escucharlo. Una abrumadora mayoría favorece que los dreamers permanezcan en el país y les sea ofrecida la oportunidad de solicitar la ciudadanía, según todas las encuestas que han abordado el tema (algunas, como la del Washington Post hace tres semanas registró un apoyo de 87 por ciento; la de CNN, 84 por ciento; CBS News, 87 por ciento, etcétera). Otra mayoría, aunque en menores porcentajes, se opone a un muro fronterizo.

El resto

El resto del presupuesto que presentó Trump –por un total de 4.4 billones de dólares– se distingue por un incremento dramático al gasto militar, que alcanza 716 mil millones para 2019, la promoción de la privatización de infraestructura pública y educación y la reducción de fondos para programas de asistencia social para los pobres y vulnerables, incluyendo los rubros de salud, asistencia alimentaria, seguro médico y subsidios para vivienda, entre otros.

El senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders resumió la propuesta así: el presupuesto de Trump está moralmente quebrado: no es nada menos que un ataque contra los pobres y un traslado mayor de riqueza de la clase media al uno por ciento más rico.

Más aún, propone reducir el gasto de manera escandalosa para la Agencia de Protección Ambiental y deshacerse por completo del Fondo Nacional de las Artes y el Fondo Nacional de Humanidades –establecidos en los años 60–, así como de la Corporation for Public Broadcasting, que apoya a la televisión y la radio públicas, junto con programas para museos y bibliotecas.

Pero los ricos no enfrentaran problemas cuando necesiten asistencia médica. Por ejemplo, este lunes la nuera del presidente y esposa de Donald júnior fue trasladada a un hospital en Nueva York después de abrir un sobre dirigido a su esposo que contenía un polvo blanco. Tras pruebas iniciales, las autoridades concluyeron que la sustancia no es tóxica. No tuvo problemas en pagar la cuenta (o tal vez, por ser familiar del presidente y estar bajo protección del Servicio Secreto, su cuenta fue pagada por el pueblo).

Ah, y sigue el caos dentro de la Casa Blanca, entre investigaciones del fiscal especial y acusaciones internas sobre quién protegió y encubrió a un golpeador de mujeres que trabajó al lado del presidente durante el año anterior.