La administración capitalina regresó con observaciones la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México a la Asamblea Legislativa (ALDF) el 26 de enero, informó Vicente Lopantzi García, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Si bien aseguró que no se vulneraba el derecho al acceso al líquido, admitió que se tiene que especificar en la legislación cómo se garantiza éste cuando, por ejemplo, un usuario doméstico o una empresa no paga la cuota.

Efectivamente, en la ley esto no está, te remite al Código Fiscal, y decimos que está bien porque se tiene un parámetro; sin embargo, esto no se puede hacer por ser normas diferentes. Quizá esto daba la apariencia de que no estaba garantizado el derecho al agua, expuso.

En entrevista, el funcionario desmenuzó las observaciones a la legislación aprobada por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2017, entre ellas no atender la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y el Código Financiero de la Ciudad de México, así como plantear que el Poder Legislativo autorice las tarifas cuando se propone que el Sistema de Aguas (de la Ciudad de México, Sacmex) sea un órgano descentralizado.

Cuando se habla de un (ente) descentralizado significa que su órgano de gobierno puede fijar las tarifas por el servicio sin la anuencia de un poder diferente, de tal manera que lo que establece uno de los transitorios, de que tendrían que pasar por la ALDF para su aprobación, atenta contra la naturaleza jurídica de esta figura, pero además la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México prevé que los órganos descentralizados fijen las tarifas, detalló.

Otra de las observaciones tiene que ver con las previsiones presupuestales, ya que en la Ley de Ingresos local se hizo una corrida financiera de cuánto podría ingresar por derechos de suministro de agua a la Tesorería en 2018, y no se tomó en cuenta que al entrar en vigor el dinero se iría al Sacmex, lo que generaría un impacto negativo en las finanzas de la ciudad.

El consejero advirtió que tampoco se consideró una partida presupuestal para implementar la plataforma tecnológica que requería el Sacmex al entrar en vigor la ley, porque ya no podría utilizar la de la Secretaría de Finanzas.

–¿Limitaba el derecho al acceso al agua?

–No, no detectamos nada que implicara una violación al derecho humano al agua; seguía en los mismos términos, incluso, otra de las observaciones se refiere al suministro de agua y la falta de pago de la tarifa, ya que se remitía también al Código Fiscal para seguir el mismo procedimiento económico coactivo cuando un particular o empresa deja de pagar, lo que puede ser –señaló.

Lopantzi García precisó que en la Ley de Sustentabilidad Hídrica se tendría que establecer específicamente cuál es el mecanismo de cobro y las sanciones.

Aclaró que los subsidios a los vecinos de colonias que reciben el agua por horas o por tandeo se mantenían, aunque como deducciones, por tratarse de tarifas, no de contribuciones.

Quizá este lenguaje técnico, que es diferente entre una tarifa y una contribución, generó la confusión de que ya no había subsidio, porque no vemos la palabra, apuntó.

Desde su discusión y posterior aprobación diversos organismos civiles y de derechos humanos manifestaron su rechazo a esta ley por considerar que se privatizaría el servicio y no se garantizaba el derecho humano al agua, por lo que demandaron al gobierno capitalino no publicarla.