Los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su interés porque el Estado mexicano presente lo más pronto posible hipótesis y conclusiones en torno a la desaparición de los 43 normalistas y su posible paradero.

Como parte de su quinta visita al país –y la primera de este año– para conocer los avances en las indagatorias del caso, los comisionados Esmeralda Arosemena y Luis Ernesto Vargas, así como el secretario ejecutivo de esa intancia regional, Paulo Abrao, se reunieron ayer por la mañana con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República (PGR). A la sesión también acudieron representantes de los familiares de los jóvenes y de las organizaciones civiles que los han acompañado.

En ese espacio, Vargas expresó su preocupación por la falta de avances significativos en diversas áreas, particularmente en la de búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 tras el ataque en Iguala, Guerrero, informaron algunos de los asistentes al encuentro, que fue privado y se realizó en la delegación regional de la PGR de Ciudad de México.

Agregaron que hace casi un mes, la CIDH envió un cuestionario con más de 100 preguntas puntuales sobre el tema. Sin embargo, revelaron, el gobierno mexicano no ha dado respuesta a todas las interrogantes, lo que se comprometió a hacer a más tardar la próxima semana.

Se acordó además que en el 167 periodo de sesiones de la comisión internacional, que se realizará del 22 febrero al 2 de marzo en Bogotá, Colombia, se defina el cronograma de actividades del Mecanismo Especial de Seguimiento para 2018, con la idea de que esta instancia sui géneris comience a cerrar sus trabajos, al concretar avances y acciones sustantivas que lleven a la verdad y la justicia, y den certidumbre sobre el paradero de los normalistas; para ello, dijeron, se percibió la voluntad de ambas partes (gobierno y familias).

En la PGR se informó que se presentaron a los comisionados los avances del caso: como el tema de las indagatorias que se realizan, la emisión de posibles nuevas órdenes de aprehensión, información novedosa sobre los hechos y una atención integral a las víctimas con base en un estudio de impacto sicosocial elaborado por la propia dependencia en conjunto con representantes de los familiares.

El gobierno de la República reitera su determinación de continuar fortaleciendo la cooperación con la CIDH y con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y sus representantes, a fin de poder atender las cuestiones pendientes, deslindar responsabilidades y, sobre todo, conocer la verdad y atender la legítima demanda de justicia de las víctimas y de la sociedad mexicana, sostuvo la PGR en un comunicado.

También por la mañana, una comisión de padres y madres de los 43 se reunió por separado con representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, quienes se comprometieron a estar vigilantes de la actuación de los jueces federales que llevan los procesos sobre el tema, dio a conocer Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas.