Nueva York.

El presidente Donald Trump amenazó hoy con cerrar las operaciones del gobierno si la legislatura no cierra la frontera con México.

Con ello, una vez más, la disputa política del país más poderoso del mundo gira –por órdenes del presidente– sobre el muro fronterizo y la persecución del sector más vulnerable: los inmigrantes.

Me encantaría ver un cierre si no podemos resolver estas cosas, afirmó. Y agregó que si tenemos que cerrar porque los demócratas no quieren seguridad, entonces cerremos, declaró Trump en una reunión con legisladores y funcionarios de seguridad pública supuestamente enfocada en la violencia de pandillas.

Mientras tanto, Trump utilizó –como todos esperaban– el accidente que resultó en la muerte de un jugador profesional de futbol americano de Potrillos de Indianapolis y su chofer de Uber. Manuel Orrego Savala, el conductor ebrio que supuestamente atropelló al atleta Edwin Jackson, fue identificado como un inmigrante indocumentado de nacionalidad guatemalteca que ya había sido deportado dos veces. Trump tuiteó: “es una desgracia que una persona (que vive) ilegalmente en nuestro país mató a (…) Jackson. Esta es sólo una de tantas tragedias prevenibles. Tenemos que lograr que los demócratas sean firmes sobre la frontera y con la inmigración ilegal. Rápido”. Otros legisladores se sumaron a este llamado.

Por otro lado, el jefe del gabinete de Trump, el general retirado John Kelly, comentó en una reunión con legisladores que la propuesta del presidente para legalizar a 1.8 millones de dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad, a cambio del muro fronterizo, la expulsión masiva de inmigrantes indocumentados y limitar dramáticamente la inmigración legal, es una oferta sumamente generosa, y advirtió que es posible que si el Congreso no actúa antes del 5 de marzo, cuando caduca el programa de protección de la deportación de los dreamers implementada por el gobierno de Barack Obama y anulada por Trump, la Casa Blanca probablemente no la extenderá.

La propuesta para limitar el flujo migratorio legal, presentada por Trump en enero, postergaría cinco años la fecha en que se calcula que los estadunidenses blancos se convertirán en una minoría, ya que la reforma afectaría de manera desproporcionada a inmigrantes de América Latina y África, con base en un análisis del Washington Post. Según el censo nacional, las minorías superarán a los blancos no hispanos en este país en 2044.

Todo esto es parte de una negociación sobre la aprobación de otra extensión más del financiamiento del gobierno federal, más allá de este jueves, cuando expira el acuerdo anterior que duró sólo tres semanas, logrado después de tres días del cierre de operaciones del gobierno. Esta noche la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para mantener financiado al gobierno hasta el 23 de marzo, y el Senado hará una versión modificada, pero nadie se atreve a pronosticar si incluirá o no un acuerdo, aunque sea temporal, sobre el tema de la migración.

Mientras tanto, la cada vez más asombrosa pugna política de cada día entre la cúpula procedió hoy con varios legisladores y políticos respondiendo al ataque frontal de Trump del lunes, cuando calificó de traidores a los demócratas que no le aplaudieron cuando él pensaba que estaba ofreciendo buenas noticias en su informe presidencial la semana pasada. La traición es el único delito definido explícitamente en la Constitución como hacer la guerra contra este país o apoyar a sus enemigos, algo que conlleva la pena de muerte.

“Ayer (lunes) Trump sugirió que legisladores que no se ponen de pie y aplauden cada una de sus palabras son culpables de ‘traición’. El gran asunto político de hoy que enfrenta nuestro país no es demócratas contra republicanos. Se trata de democracia contra autoritarismo”, comentó vía tuit el senador y ex candidato presidencial demócrata Bernie Sanders.

La senadora demócrata Tammy Duckworth, veterana de la guerra de Irak, declaró: yo hice un juramento a la Constitución, no para aplaudir a Trump cuando él lo exija. Otros legisladores (aunque muy pocos republicanos), junto con comentaristas tanto liberales como conservadores, rechazaron la acusación y algunos consideraron que era un síntoma más de la amenaza de Trump a la democracia en su propio país.