Si bien es cierto que las fuerzas armadas no pueden retirarse de golpe de las regiones donde actualmente realizan labores de seguridad pública, tampoco hay avances reales en la tarea de profesionalizar a los cuerpos de policía estatales y municipales, que es lo que le permitiría a los militares regresar a los cuarteles, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

Édgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que tanto la capacitación de las policías como la formulación de un calendario para que el Ejército y la Marina se retiren de las calles son parte de un mismo proceso, en el cual se debe avanzar de forma paralela.

Sin embargo, la profesionalización de las policías está en ceros porque no hay mecanismos de rendición de cuentas para saber si los recursos que se le han dado a estados y municipios (para dicha tarea) ha generado mejorías, ni se ha logrado una reforma constitucional para definir si habrá mando único o mando mixto, señaló el especialista.

“Mi impresión –añadió– es que no hay mejoras, en parte porque tampoco tenemos un plan claro de profesionalización. Seguimos sin tener policías bien pagados, bien capacitados y con seguridad social, y como consecuencia, la estrategia de seguridad depende prácticamente en su totalidad de las fuerzas armadas.”

Dicho escenario ha generado que se siga repitiendo un esquema puramente reactivo, donde los militares son enviados a las ciudades más violentas, realizan operativos de gran magnitud durante algunas semanas o meses y los indicadores de violencia aparentemente bajan, pero después vuelven a subir cuando los uniformados se van.

César Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señaló que en el estado de Jalisco –donde trabaja la organización– no ha habido un interés verdadero del gobierno estatal o municipal por profesionalizar a los cuerpos de policía, lo cual ha provocado que los militares participen cada vez más en tareas de seguridad pública.

Desde el 31 de diciembre de 2017 hemos visto una mayor injerencia por parte de la Marina en algunos municipios como Villa Purificación, Tecalitlán, Tuxpan y Ciudad Guzmán, donde ha habido casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, alertó.

Este hecho, sumado a las declaraciones del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, de que los militares aún no están listos para salir de las calles, deja ver que la intención real de las autoridades es justificar y legalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas que no les corresponden.