Senadores del PAN exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazar hasta después de las elecciones de julio la discusión sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones fiscales que permiten regular y combatir a empresas fantasmas, ya que sería un fuerte revés al combate a la corrupción y podría echar abajo los procesos contra ex gobernadores del PRI que están sujetos a juicio.

El senador Ernesto Ruffo dijo que hay fuertes intereses políticos detrás de un amparo interpuesto por Grupo Impulsor del Sur –empresa relacionada con Oceanografía– en contra del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que faculta al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a publicar la lista de compañías que respalden operaciones simuladas o inexistentes con el propósito de desviar recursos, lavar dinero y financiar campañas políticas.

El legislador resaltó que ese grupo debe tener muchas influencias, ya que de alguna forma ejerció presión, porque la SCJN apresuró el proceso y tiene agendada su discusión para el próximo miércoles 7.

Al respecto, los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez, Víctor Hermosillo y Marcela Torres Peimbert, resaltaron que si ese artículo es declarado inconstitucionalidad por la primera sala de Suprema Corte, se anularían todas las listas de empresas fantasmas publicadas por el SAT.

De igual forma toda la estructura implementada por el SAT para combatirlas quedaría desarticulada y las autoridades fiscales tendrían que empezar de cero, además de que se requerirá de la aprobación de nuevas reformas en el Congreso de la Unión.

Integrantes del Grupo Anticorrupción de la bancada panista insistieron en que empresas fantasmas han sido el mecanismo utilizado en los escándalos de corrupción más sonados, como Odebrecht, y una forma ideal para el financiamiento ilícito de campañas políticas en tiempos electorales.

“Si la Corte echa abajo ese artículo se nulificarán gran parte de las acusaciones contra de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Chihuahua, César Duarte, quienes utilizaron empresas fantasma para desvíos de cuantiosos recursos públicos”.

En casos como la estafa maestra tampoco procederían las denuncias, por eso pidieron a la SCJN evitar “ser presionada por los poderosos políticos y empresarios propietarios de empresas fantasmas” y posponer la discusión del juicio de amparo para después de las elecciones.