a novena corte de circuito de apelaciones de Estados Unidos, con sede en San Francisco, confirmó ayer una orden de deportación en contra de un menor hondureño que llegó a ese país en 2014, cuando tenía 13 años, huyendo de la violencia que azota a la nación centroamericana, a pesar de que al afectado se le negó la asistencia de un abogado defensor en el curso del proceso. De esta manera, dicha instancia jurídica del país vecino dictaminó la inoperancia del derecho a una defensa gratuita en el caso de menores indocumentados, basada en que el Congreso no ha emitido una legislación específica.

El caso –que sienta precedente jurídico– muestra hasta qué punto ha llegado el sistema estadunidense de justicia en la negación de principios jurídicos básicos y universales.

Un ejemplo de lo anterior es la situación que han sufrido los sujetos presos en Guantánamo y otros centros de detención que Washington tiene en diversos países, algunos de los cuales han pasado más de tres lustros sin ser sometidos a juicio, en una negación casi total de sus derechos básicos y sin estatuto legal alguno: ni presuntos delincuentes ni prisioneros de guerra, y calificados de combatientes enemigos ilegales, condición que los sustrajo de todo marco legal y los colocó en una total indefensión ante sus captores.

En el episodio del menor hondureño, a la negación del derecho de asilo, se suma la del derecho a la defensa, que es un pilar fundamental de cualquier régimen jurídico moderno. Por añadidura, se niega a los padres del afectado la facultad de procurar su tutela por medio de un litigante que lleve su caso.

Resulta alarmante, por otra parte, que instancias judiciales estadunidenses se sumen de esta manera a la tendencia xenofóbica que impera en el Poder Ejecutivo bajo la presidencia de Donald Trump y la conviertan en acciones procesales contrarias a derecho, construyendo tratos discriminatorios y de excepción en contra de los extranjeros indocumentados.

La situación descrita es indicativa de que en el país vecino las actitudes racistas no se constriñen a los muros de la Casa Blanca e ilustra que la mentalidad trumpiana dista, por desgracia, de ser una mera anomalía en la nación más poderosa del mundo.

Para hacerse una idea del estado de indefensión en que se encuentran millones de migrantes en territorio estadunidense, ha de sumarse a lo referido la tibieza y la vacilación que ante la persecución racista exhiben los gobiernos de los países de origen de los afectados, entre los cuales se encuentra, lamentablemente, el de México.

Es urgente y necesario dejar de lado las complacencias y denunciar ante las instancias internacionales correspondientes el maltrato y el atropello de diversas instituciones de Estados Unidos en contra de los trabajadores indocumentados, no sólo por elemental sentido de solidaridad nacional y de justicia sino incluso por mero pragmatismo, porque al fin de cuentas esos trabajadores son en buena medida el sostén económico de sus respectivas naciones.