ás que mostrar voluntad para esclarecer el feminicidio contra Magdalena Aguilar Romero, la recompensa de 500 mil pesos que el miércoles ofreció el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, para localizar al principal sospechoso, evidencia las penurias de la institución que dirige en lo que se refiere a capacidad técnica para sacar adelante una investigación criminal. No es, por supuesto, la misma situación en todas las fiscalías. En países desarrollados emplean el método de divulgar casos difíciles en los medios informativos para obtener la ayuda del público en la localización de sospechosos.

Pero es del dominio público que a la Fiscalía del estado –y en general las de todo el país– le faltan recursos humanos, materiales y financieros para cumplir su delicada función social. Un indicio de que, a pesar de todas las modernizaciones, el aparato de procuración de justicia de México no está a la altura del momento histórico que vive el país, es la polémica entre los críticos y los defensores del nuevo sistema de justicia penal. Los primeros señalan al nuevo reglamento como el causante de que los delitos del fuero común se hayan incrementado de manera casi exponencial en algunas ciudades –el ejemplo más claro es Ciudad de México–. Los segundos argumentan que el problema es que las autoridades no están haciendo bien su trabajo, algo tan elemental como alimentar la base de datos de detenidos, de modo que no es fácil saber cuando alguno es reincidente.

Que no han entendido las normas del nuevo sistema de justicia queda claro cuando publican sus boletines pretendidamente informativos en los que sustituyen con una N mayúscula los apellidos de todas las personas acusadas de algún delito, en obediencia a la norma de preservar la presunción de inocencia de los imputados, para que, en efecto, todos seamos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Como todo abogado sabe, ese supuesto debe ser mantenido hasta que el juez de la causa dicte sentencia condenatoria y ésta quede firme. Pero, ¿qué presunción de inocencia se violaría y que fama pública se afectaría si se informa el nombre de una víctima de asesinato?