La falta de nombramientos del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la República, así como de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), son una carencia importante en la lucha contra la corrupción, pero el verdadero obstáculo en este terreno es la falta de voluntad política del gobierno y los partidos políticos para dar a quienes ocupen estos cargos las herramientas necesarias para trabajar.

Así lo advirtió Marco Fernández, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey, quien consideró que no dar recursos económicos suficientes a los mencionados organismos y atribuir su falta de resultados a la ausencia de sus titulares, puede considerarse como un ejercicio de simulación para ocultar la falta de interés en el combate a la corrupción.

En entrevista con La Jornada, el también investigador de la organización civil México Evalúa señaló que aunque es lamentable la falta de acuerdos entre partidos para nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, el problema de fondo no es quién ocupe dicho cargo, sino los recursos que se le den para cumplir su misión.

A dicha fiscalía “le prestan y le quitan policías de investigación, y todos los años –menos éste– ha tenido recortes presupuestales”, además de no tener personal especializado, con pago y capacitación adecuada.

Por otra parte, la ASF sigue sin contar con un auditor titular, y aunque la Cámara de Diputados ya nombró a una terna para definir a quien ocupará esa plaza, recibió muchos cuestionamientos y no hizo públicos los criterios que llevaron a los legisladores a incluir a ciertas personas o a dejar fuera a otras.

En lo que se refiere a la falta de nombramiento de los magistrados del TFJA, este hecho impide que los servidores públicos que cometan faltas graves sean juzgados, pues la ley indica que dicha labor ahora sólo puede ser realizada por un juez especializado.

“En el fondo lo que hay es mucha demagogia en el supuesto compromiso de luchar contra la corrupción, porque en los hechos observamos resistencias a completar reformas importantes y hacer nombramientos que garanticen capacidad técnica e independencia. Hay una simulación de los actores de la clase política, que dicen ‘necesitamos hacer algo, ya vamos a nombrar al fiscal’”, pero se niegan a utilizar las herramientas legales que ya existen, indicó Fernández.