La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad de senadores, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Ley de Seguridad Interior (LSI).

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, instructor de los casos citados, ordenó notificar al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, señalados como autoridades responsables en las demandas, para que rindan su informe en el plazo de 15 días hábiles.

Con la finalidad de integrar el expediente, se requirió al Congreso de la Unión, por conducto de las cámaras de Diputados y de Senadores, que al rendir su informe envíen a la SCJN copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, que deben incluir la iniciativa, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes del órgano legislativo, así como los diarios de debates.

Al Poder Ejecutivo Federal le requirió que, en el mismo plazo, envíe a la SCJN un ejemplar del Diario Oficial de la Federación en el que se publicó el Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

La acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH señala que la LSI contraviene criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de que viola el artículo 21 constitucional, por el que se establecen los organismos encargados de la seguridad pública.

Además, refiere el ombudsman, la LSI posibilita que de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia, que el Ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de los derechos y las libertades de las personas.

El recurso del Inai considera que el artículo nueve impone una reserva de información prácticamente automática a todas las acciones de las fuerzas armadas, al señalar que se trata de actos de seguridad nacional.

Los senadores solicitaron a la Corte la declaración de inconstitucionalidad de toda la legislación por considerar que viola los derechos humanos de los ciudadanos.