La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional que interpuso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) contra la Ley de Seguridad Interior.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo será quien se haga cargo, al igual que de los recursos que interpusieron los municipios de Cholula, Puebla, y Parral, Coahuila, y confío en que habrá una lectura del planteamiento, pues los artículos 31 y 3 transitorio afectan la competencia del organismo, al impedirle cumplir con su objetivo de garantizar los derechos humanos de quienes viven y transitan por la ciudad, indicó la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández.

Dichos artículos establecen la obligación de proporcionar la información que genere, administre o tenga en posesión sin importar de quién se trate ni de la condición que tenga como víctima o la vulneración de la que haya sido objeto, lo cual genera una situación de riesgo para ellas, expuso.

Señaló que con los sólidos argumentos presentados, espera que se reconozca la personalidad jurídica que tiene el organismo a su cargo y se considere su solicitud de audiencias públicas y se dé prioridad a este tema.

Confió en que habrá una lectura del planteamiento, si no convocaremos a una mesa con expertos en litigio internacional y constitucionalismo para poder igualmente asumir y ratificar lo que quizá no leyeron (los magistrados) y ver cuál es la reacción de la Corte.

Además, acudiríamos a las cortes internacionales a plantearles el problema, porque no sólo es la Comisión de Derechos Humanos de la capital, sino que está relacionada con una interpretación que debe valorarse de diferente manera y dicha instancia es nuestro último recurso, dijo.

La presentación de un amicus curiae, señaló, está prevista para finales de febrero, pues si ya está la inconstitucionalidad, damos pruebas para fortalecer un análisis muy serio de la Suprema Corte, que es nuestro último recurso.