ay una gran desigualdad entre el trabajador de un país como Canadá y la que existe en México. No sólo es la diferencia brutal en los niveles de salarios o el respeto a los derechos laborales y humanos que son muy elevados en el país de la bandera de la hoja de maple, ni tampoco la atención a las condiciones de trabajo y a las del medio ambiente, entre muchas otras cosas.

No, el problema abismal que existe entre los obreros y los ciudadanos de ambas naciones, es que mientras allá si escuchan y atienden las demandas justas y las corrigen, en nuestro país no ponen atención a esos mismos asuntos, los ignoran y de inmediato los desechan porque sólo atienden las opiniones de los empresarios, los mismos que cometen toda clase de abusos y atropellos en contra de la dignidad de sus propios empleados y del pueblo.

Los gobernantes mexicanos complacientes con el poder del dinero lo hacen por corrupción, ignorancia y una mala fe que denigra y devalúa la función y las responsabilidades públicas. Ellos creen que nadie se da cuenta, nada más los jodidos, pero están muy equivocados, porque en el mundo actual todo se sabe e internacionalmente los están observando constantemente. Ellos creen que no les va a pasar nada porque viven con la imagen comodina y cobarde de la impunidad en la frente y en el pecho. Qué pena dan con su falta de sensibilidad y su cinismo.

Un ejemplo muy reciente, de hace pocos días, lo tuvimos cuando el Sindicato Nacional de Mineros escribió una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, denunciando las violaciones a los derechos laborales y humanos de una empresa minera canadiense, Torex Gold Resources, propietaria de la concesión para explotar la mina Media Luna, ubicada en Cocula, Guerrero, donde la firma incluso mandó asesinar a dos trabajadores el 18 de noviembre pasado por medio de sus cómplices y agentes criminales de la CTM local.

En esa carta a Trudeau con copia a su embajador en México, Pierre Alarie, así como a los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y al de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, se solicitó la intervención de los gobiernos de ambos países para revisar y sancionar a Torex Gold Resources y a su cínico y perverso presidente, Fred Stanford, quien ha sido uno de los principales responsables de provocar la huelga que tiene paralizadas las operaciones en Media Luna desde el 3 de noviembre de 2017.

De inmediato el gobierno del primer ministro Trudeau contestó a nuestra exigencia, y designó la semana pasada a un ombudsman canadiense para investigar el comportamiento en suelo extranjero de las empresas de ese país y su responsabilidad al violar la legislación de México en materia laboral y ambiental.

Esta decisión responde a las demandas de los mineros, de la sociedad y del movimiento obrero de Canadá y México, quienes han expresado su preocupación y enojo por los abusos y atentados que frecuentemente cometen algunas empresas, las cuales se han exhibido con su mentalidad perversa y su ambición desmedida para generar utilidades con base en la explotación de la mano de obra y los recursos naturales que existen en nuestro territorio.

Hasta antes de esa decisión por parte del régimen de Trudeau, parecía que existía una contradicción entre su política de respeto a los derechos humanos que practican con seriedad, frente a la libertad con la cual las empresas sin ética actúan en violación total al estado de derecho del país donde operan, obteniendo enormes ganancias al costo de la sangre minera. Esa contradicción parece estarse disipando. Así siguen las cosas de Torex Gold Resources, que ha reprimido y asesinado a trabajadores en el estado de Guerrero o de Excellon Resources en Durango, lugares donde se han empeñado en aplastar a los mineros, pretendiendo evitar que se afilien a un sindicato democrático como el de Los Mineros, que me honro en dirigir.

Queda ahora el reto para el gobierno mexicano de actuar en consecuencia, ya que hasta hoy ha sido totalmente pasivo, tolerante y sumiso a los intereses de las empresas canadienses y mexicanas. En México ni siquiera existe la figura del ombudsman para estos casos, ni el interés por crearla, ya que por conveniencia prefieren actuar con indiferencia y en complicidad para mantener la misma política de explotación que han seguido. A las empresas nadie ni nada las toca, en cambio al pueblo, al trabajador y a la sociedad esos mismos políticos y empresarios les dan la espalda y los atacan constantemente.

De esa manera no se define o establece una política económica justa y sana. La corrupción, la falta de nacionalismo, de solidaridad, de democracia y de justicia propician ese estado de cosas que con el tiempo generan crisis sociales. No se puede gobernar de muertito sin que haya consecuencias. La población ya está muy consciente de que la improvisación y la falta de capacidad les ha afectado y ahora la gente quiere encontrar a los culpables de la crisis en que vive la mayoría de las personas.

Urge cambiar, observando esos ejemplos, la política industrial y la política económica de México. Estas próximas elecciones serán la oportunidad para expresar la firme decisión de dar un giro al rumbo del país o para mantener un modelo de desarrollo que no es de avance y que ha perjudicado a los grandes núcleos de la población.

Posdata. Ayer, miércoles 24 de enero de 2018, la empresa Torex Gold Resources y sus sicarios de la CTM local asesinaron a sangre fría a otro compañero de lucha de la comunidad del Balsas, de nombre Quintín Salgado. El atentado de los matones de la CTM enviados por Torex Gold fue realizado en forma brutal y cobarde, continuando así las agresiones y arbitrariedades de esa mafia empresarial y sindical charra, con la descarada complacencia de las autoridades estatales y federales. Los mineros denunciarán este nuevo atentado y exigirán que se haga justicia y se aplique la pena máxima de la ley a los asesinos.