El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que la Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, presenta lineamientos que pueden provocar violaciones a las garantías fundamentales. Por ello, apoya y acompaña la decisión del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra esa norma.

Subrayó que ninguna ley puede colocarse por encima del respeto a los derechos humanos, por lo que confió en que en sus discusiones los ministros de la SCJN consideren los más altos estándares en la materia. “La construcción de un estado democrático de derecho ocurre, sin duda, al garantizar la seguridad de su población e instituciones. Sin embargo, ninguna legislación en ésta u otra materia, puede colocarse por encima del respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.

En tanto, la SCJN desechó, por considerar notoriamente improcedente, la acción de inconstitucionalidad que presentó el partido Movimiento Ciudadano para impugnar la Ley de Seguridad Interior.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo determinó la improcedencia con base en que los partidos políticos sólo pueden recurrir a este tipo de juicios para demandar la invalidez de normas de carácter electoral.

El Consejo Consultivo de la CNDH dijo confiar en que la discusión jurídica que a partir de este momento se dará en el máximo tribunal del país considerará los más altos estándares que protejan y promuevan los derechos fundamentales de las personas, asentó esta instancia en un pronunciamiento público.

Este consejo está conformado por diez personalidades ligadas a la defensa de las garantías fundamentales, designadas por el Senado. Se trata de: María Ampudia González, Mónica González Contró, David Kershenobich Stalnikowitz, los ex ministros Mariano Azuela Güitrón y Guillermo Ortiz Mayagoitia, Alberto Manuel Athié Gallo, la embajadora Carmen Moreno Toscano, María Olga Noriega Sáenz y Mariclaire Acosta Urquidi.

Dicha instancia es presidida por el propio ombudsman, y el secretario técnico es Joaquín Narro Lobo.

El viernes pasado el coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sánchez, presentó en nombre del organismo nacional la acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la referida y polémica norma, por considerar que ponen en riesgo las libertades y garantías básicas de la población.