Mexicali, BC.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer la acción de inconstitucionalidad presentada por 11 diputados del Congreso de Baja California en contra del decreto 168, que permite al gobierno estatal construir dos plantas desaladoras de agua de mar, entre otras obras.

Con la admisión del recurso 2/2018 se dio vista al Congreso local y al gobierno de Baja California como autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida, respectivamente, con el propósito de que rindan a la SCJN informes sobre el decreto en un plazo de 15 días.

Diputados de seis grupos parlamentarios presentaron el recurso el 9 de enero pasado ante la SCJN, después de que se aprobó el dictamen legislativo 95, que permite realizar obras con el esquema de asociaciones públicas-privadas.

Según los diputados inconformes, el dictamen publicado como decreto 168 en el Periódico Oficial del Estado implica una carga financiera de 82 mil millones de pesos para la construcción de seis obras cuya garantía de pago será la recaudación del impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT) durante 35 años.

La acción de inconstitucionalidad se basa en que el Poder Legislativo estatal declina su responsabilidad de legislar y diseñar el presupuesto de egresos en cada ejercicio fiscal al comprometer ingresos anuales hasta 2053.

Los congresistas que presentaron la acción de institucionalidad fueron el panista Miguel Antonio Osuna; Luis Moreno, del Partido Encuentro Social; Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California; Claudia Agatón, del Partido del Trabajo; Catalino Zavala y Víctor Morán, de Morena, así como Bernardo Padilla, Alejandro Arregui, Marco Antonio Corona, Benjamín Gómez y Patricia Ríos, del Partido Revolucionario Institucional.

El primero de diciembre de 2017, el presidente del Congreso del estado, Raúl Castañeda, citó de manera intempestiva y selectiva a sesión extraordinaria para garantizar la presencia de los 12 diputados locales panistas y de la perredista Rocío López para votar el dictamen que posibilitaría la participación de consorcios internacionales en la desalación de agua del océano Pacífico para uso domiciliario, comercial e industrial en Tijuana, Rosarito y Tecate, por medio de la empresa Aguas de Rosarito, que durante 35 años facturará 63 mil millones de pesos mediante tarifas a usuarios o del ISPT recaudado por el gobierno estatal en seis administraciones.

El Poder Judicial de la Federación admitió el 22 de diciembre anterior un amparo solicitado por indígenas de Baja California, por la omisión de una consulta para la realización de estos proyectos de iniciativa privada, derecho irrenunciable de los pueblos originarios.