Chilpancingo, Gro.

Familiares de 120 policías de este municipio, investigados por la desaparición de siete jóvenes, protestaron fuera de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Coddehum) para pedir que ésta intervenga.

A las 9:30 horas de ayer, unas 30 personas, entre ellas esposas e hijos de los uniformados, exigieron una investigación transparente y aseguraron que no todos los agentes municipales están involucrados en las desaparaciones forzadas.

Araceli Flores Morales, cónyuge de uno de los policías, pidió respeto para los detenidos, sostuvo que su marido no es un asesino. No se vale que por uno paguen todos.

Manifestó que la ocupación de la comandancia por soldados y policías estatales, el pasado 4 de enero, día en que esas instituciones se hicieron cargo de la seguridad en la capital del estado, forma parte de la estrategia para militarizar al país.

También dijo que las declaraciones del empresario Pioquinto Damián Huato, dirigente del partido Movimiento Ciudadano, que acusó a los gendarmes por la desaparición de jóvenes, es una cuestión política. Ese señor quiere ganar votos acusando a los policías. La protesta concluyó a las 11 horas.

A finales de diciembre de 2017, Marco Catalán y Jorge Mazo, jóvenes reportados como desaparecidos, fueron encontrados muertos. El pasado fin de semana, un video de las cámaras del C-4 de Chilpancingo mostró que Efraín Patrón Ramos fue perseguido por un vehículo oficial el 29 de diciembre. El joven de 24 años no ha sido localizado.

La noche del domingo Esteban Espinosa Montoya renunció al cargo de secretario de seguridad pública de Chilpancingo, y el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo ayer que la Fiscalía General del Estado sigue con las investigaciones.