Acapulco, Gro.

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) marcharon este sábado por la Costera Miguel Alemán para exigir la libertad de los detenidos el 7 de enero en La Concepción, donde se registraron dos balaceras que dejaron 11 muertos.

Aseguraron que las 25 personas que fueron internadas en el penal de Las Cruces son presos políticos, entre ellos el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y su hermano Vicente. Hace una semana, el gobierno de Guerrero acusó que integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se coludieron con grupos del narcotráfico.

Los inconformes también se manifestaron contra la Ley de Seguridad Interior porque, aseguraron, posibilita al Presidente que de forma discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, ordene la intervención del Ejército en el ámbito de las libertades y los derechos de las personas.

En la marcha participaron vecinos de Cacahuatepec, miembros del Cecop, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y algunos jóvenes con el rostro cubierto y machetes en mano. Aseguraron que la policía comunitaria de la CRAC-PC ha demostrado su eficacia.

El contingente inició su recorrido en la glorieta de la Diana después de las 10 horas del sábado, y se dirigió a la base naval en Icacos, donde se relizó un mitin frente al acceso de las instalaciones navales. Ahí, mostraron una pancarta con el mensaje: El Cecop exige la libertad inmediata de Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, y la policía comunitaria de la CRAC-PC.

El domingo 7 de enero en la comunidad de La Concepción, se registraron dos enfrentamientos a balazos en los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural del municipio, cerca del río Papagayo, que dejó 11 muertos, informó el Grupo de Coordinación Guerrero. Posteriormente, en un operativo de desarme y detención de policías comunitarios, implementado por las policías estatal y ministerial, murieron tres comunitarios más.

La noche del 15 de enero un juez de control vinculó a proceso a 25 pobladores acusados presuntamente por la muerte de seis personas la madrugada del 7 de enero. El juez señaló un plazo de seis meses de investigación complementaria, mientras el pasado 15 de enero fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que duré el proceso contra las 25 personas, entre comuneros y policías comunitarios.