Estadísticas del gobierno mexicano indican que muy pocos casos de abusos contra migrantes son llevados ante un juez o generan la declaración de medidas de protección en favor de las víctimas, lo cual está relacionado con los obstáculos sistémicos en el acceso a la justicia que estas personas enfrentan, advirtió el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

Al participar en el tercer Foro Regional en Materia de Migración y Protección Internacional, celebrado en la SCJN, Jarab señaló que entre las causas de dicha situación de impunidad se encuentra la falta de conocimiento de los migrantes sobre sus derechos, pero también por los persistentes prejuicios en su contra por parte de diversas autoridades.

De igual manera, el especialista advirtió que existe un efecto nefasto de las políticas generales de migración, demasiado enfocadas en la detención y deportación colectiva y acelerada de los migrantes, lo que les empuja hacia la clandestinidad y aumenta el riesgo de caer en las manos del crimen organizado.

Otros elementos mencionados por Jarab son la falta de canalización de quejas y denuncias y la existencia de varios obstáculos sistémicos a nivel de leyes y prácticas, que funcionan como desincentivos para que los migrantes o refugiados intenten defender sus derechos en el sistema de justicia.

Un ejemplo de ello, enfatizó, es el hecho de que las leyes mexicanas les obligan a pasar más tiempo privados de su libertad si interponen una denuncia, queja o acción legal.

Por todo lo anterior, Jarab indicó que los obstáculos que enfrentan los migrantes en el acceso a la justicia son un motivo adicional para que las y los jueces estén muy atentos a las necesidades de estas personas.