Mexicali, BC

El gobierno de Baja California pretende criminalizar la defensa del agua mediante la persecución a quienes defienden este bien común, coinciden integrantes de Mexicali Resiste, movimiento surgido en enero de 2017 a raíz de la movilización social contra los gasolinazos aplicados por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ahora se opone a la instalación de una planta cervecera de la compañía Constellation Brands en el ejido El Choropo de este municipio fronterizo.

Mexicali Resiste convocó a los consumidores y organizaciones de Estados Unidos y otros países a boicotear los productos que distribuye esta compañía, principalmente a dejar de comprar cervezas de la marca Modelo, para pegarles donde les duele: sus intereses económicos.

Con una organización horizontal y una asamblea donde una treintena de miembros toman decisiones sobre su activismo y actuar político, Mexicali Resiste se define como un movimiento pacífico y legal de ciudadanos preocupados por el acontecer de la ciudad donde habitan y buscan hacer comunidad en Mexicali a partir de cuatro principios: respeto a los derechos humanos, realizar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las clases populares y las minorías (étnicas, de género y religiosas, entre otras), no hacer proselitismo para ningún partido político y no tener fines electorales.

Se trata de un movimiento improvisado que se ha visto fortalecido por la asamblea, alejada de líderes todopoderosos, con decisiones colectivas que lo han llevado a navegar por un mar bastante ajetreado donde el gobierno, medios de comunicación y entidades gubernamentales nos han querido derribar, nos han dicho priístas, panistas, zapatistas, anarquistas, morenistas y, sin embargo, no somos nada de eso; de hecho Mexicali Resiste es bastante abierto, precisa Jesús Galaz, sociólogo, filósofo y traductor encargado de la difusión del grupo.

Para León Fierro, integrante de la asamblea, existe una persecución policiaca, un hostigamiento hacia los movimientos de resistencia civil y en contra de los defensores del agua, en un intento de criminalizar la defensa del líquido.

En un mitin realizado frente a la cárcel de Mexicali para exigir la liberación de los presos políticos, advirtió que el mensaje del gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid es “que nos callemos y vayamos a nuestras casas, que nos crucemos de brazos, desesperanzados porque nada va a cambiar, un ‘déjate, agáchate y humíllate’”.

Los gobernantes “han hecho un sistema de injusticia e impunidad –agregó–, por eso este mensaje de rebeldía, porque ya basta de gobiernos corruptos, de hostigamiento y de las incongruencias de Vega de Lamadrid, quien no tiene sentido común y perdió el piso, así como su secretario de Gobierno Francisco Rueda, del alcalde Gustavo Sánchez y de diputados como Raúl Castañeda Pomposo.

Estamos llegando lejos y esto nadie lo va a parar, no es un berrinche ni capricho de unos cuantos; tenemos la razón y luchamos por la justicia y para defender con dignidad el agua, señaló Fierro.

Han recibido manifestaciones de apoyo de diferentes ciudades del mundo, entre ellas de académicos y organizaciones sociales que se pronuncian por que el gobernador Vega de Lamadrid pongan fin a la persecución de los defensores del agua y su intento de criminalizarlos con el encarcelamiento de activistas, además de exigir la liberación inmediata de Javier Guillén y José Luis Pozo y la suspensión inmediata de la construcción del acueducto, porque representa una violación a los derechos humanos, y de la planta Constellation Brands en el valle de Mexicali.

También muestran preocupación por su responsabilidad en el proceso ilegal de la instalación de la cervecera, al garantizar a largo plazo la entrega anual de 20 millones de metros cúbicos en una zona de extrema escasez, que pone en riesgo el derecho al agua de las futuras generaciones.

Esas cartas nos dicen que no estamos solos, asegura Fierro, quien en 2013 participó en acciones de desobediencia civil en establecimientos asentados en esta capital por el aumento de impuestos, entre ellos el IVA en la frontera norte de México.

Sobre la instalación de la empresa estadunidense, Jesús Galaz advierte que es un negocio unilateral que no está consensuado entre la población, que se basa en la explotación irracional del agua, que ni siquiera lo llamamos recurso natural porque es un bien común y es una situación que tiene amarrada una cantidad de agua que el gobernador Vega de Lamadrid no puede determinar pues, es de la nación.

Es importante que se sumen a esta lucha; nosotros no somos representantes de nadie. Lamento decir esto, pero es importante que ustedes aprendan a respetarse a sí mismos, a su familia y a los que más quieren, porque no es justo lo que estamos viviendo: nos han golpeado, nos han humillado, nos han calumniado y creo que te toca a ti estar de este lado, expresó Tania Gallaga, una activista que integra la asamblea de Mexicali Resiste, quien resultó herida en la frente por una piedra lanzada por policías antimotines y que pondera la importancia de la participación de los mexicalenses en las acciones contra la cervecera, los contratos de las APP y del C5i.

Las lesiones a cuatro personas, entre ellas Gallaga, forma parte de la investigación 185/2018 que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos por los hechos violentos ocurridos durante la jornada del martes 16 de enero.

Al ver a manifestantes heridos y detenidos, a Galaz le dio mucho coraje hacia el gobierno, porque demuestra una carencia de respeto a las personas; son un ejemplo, ya que recibieron las pedradas, no se cayeron y siguen en la lucha; Mexicali no debería de dejarlos solos, son valiosos.

El profesor jubilado Ignacio Gastélum, dirigente del Movimiento de Resissstencia Magisterial en esta capital, consideró que al gobierno le salió el tiro por la culata en su plan para que quedara mal el movimiento de resistencia civil, que se convirtió en una cacería de brujas que representó este operativo vergonzoso por la provocación de cerca de 200 policías en contra de 40 compañeros que estaban en esa manifestación. Trataron que pareciéramos gente violenta, pero no vamos a regalarle agua de Mexicali; se trata de una lucha justa defender el agua y es en contra de la injusticia y el endeudamiento para la población en Baja California. No nos vamos a dejar, dijo.

Procesos judiciales y citatorios

La tarea de Mexicali Resiste se enfoca ahora en la liberación de los presos políticos que resultaron de la operación policiaca en el rancho Mena, del valle de Mexicali.

A dos estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, quienes participaron en la manifestación del martes 16 de enero que registró ocho lesionados y seis detenidos, se les imputan delitos contra servidores públicos y agentes policiales y lesiones calificadas, según la carpeta de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La juez de control del sistema penal acusatorio Dora Leticia Salazar, determinó la legalidad de su detención y les impuso la prisión preventiva como medida cautelar hasta en tanto se realiza la audiencia para vinculación a proceso fijada para el próximo 23 de enero. Un tercer detenido, Daniel, enfrenta en libertad su proceso judicial por daños en propiedad ajena y lesiones calificadas, pero tiene restricción para acercarse a sus denunciantes, en este caso a la empresa estadunidense y a los agentes Virginia García, de la Policía Estatal Preventiva, y Melquiades Angula, de la Policía Ministerial.

A diferencia de los imputados José y Francisco Javier, quienes han participado en manifestaciones sin pertenecer a este movimiento de resistencia civil, una decena de integrantes de Mexicali Resiste han sido citados a las instalaciones de la PGJE dentro de diversas investigaciones de la fiscalía.

“A pesar de que inició a raíz de los gasolinazos, Mexicali Resiste pronto viró a la defensa del agua, en contra de la Ley Estatal del Agua, que pretendía privatizar su suministro y de los contratos a asociaciones público privadas que propuso el gobernador Francisco Vega, señaló Galaz.

El 19 de enero de 2017 el Congreso local abrogó la Ley del Agua de Baja California, por la emergencia política que trajo consigo las protestas ciudadanas por los incrementos a las tarifas en casi 30 por ciento, la pretensión de concesionar el servicio de agua potable, residual y alcantarillado y cortar el suministro a los deudores. Un mes antes, el 20 de diciembre de 2016, la bancada panista junto con el voto de sus aliados PRD y Movimiento Ciudadano aprobaron por mayoría esta ley que contenía, a su vez, modificaciones en las normas de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua y la de Hacienda, que daban cuerpo jurídico a la administración y operación del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento en la entidad.