La decisión del gobierno de Canadá de establecer el OmbudsPerson Canadiense para la Responsabilidad Empresarial en México permitirá regular la actuación de algunos consorcios de ese país asentados en el nuestro, los cuales cometen violaciones laborales, a los derechos humanos y al medio ambiente.

Esta acción responde a las demandas de la sociedad civil y del movimiento laboral de Canadá y de México que han denunciado abusos cometidos contra trabajadores y regiones por parte de empresas canadienses del sector industrial extractivo, como minería y petróleo, señaló el dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia.

Hizo ver que se espera que este OmbudsPerson opere pronto, para detener tantas injusticias cometidas por dichas empresas, y para que sirva de ejemplo al gobierno de México para que también actúe para controlar y regular las acciones de mineras que están cometiendo abusos y no respetan la Constitución, ni las leyes de este país y mucho menos los derechos humanos.

El dirigente sostuvo que este sindicato da la bienvenida a la decisión del gobierno de Canadá, encabezado por el primer ministro Justin Trudeau, que dará solución a una demanda que el gremio ha venido formulando, para que ponga en orden a empresarios canadienses que explotan sin control alguno la mano de obra de mexicana.

Gómez Urrutia planteó que era contradictorio que Canadá –un país conocido por su alto grado de respeto hacia los derechos humanos– no castigue a consorcios que sacan enormes ganancias a costa de cometer graves violaciones contra trabajadores y comunidades, como Torex Gold Resources, que ha reprimido y asesinado a trabajadores en el estado de Guerrero y Excellon, que pretende aplastar al sindicato y el cual persistentemente ha violado los derechos de ejidatarios en Durango, y muchos otros.

Estas empresas no sólo están en rebeldía para acatar las leyes del país, sino en una arrogante actitud que merece fuertes sanciones de parte del gobierno mexicano, pero que este no aplica, según expuso.

El anuncio del gobierno canadiense abriría el camino para resolver el grave problema y responde al espíritu de la carta que el Sindicato Minero le envió hace dos días al mandatario, para solicitar su intervención y meter al orden a las compañías de Canadá, que operan en nuestro país. Se espera que ese gobierno publique el reglamento que determine los procedimientos y alcances de la investigación sobre las violaciones, y se sancione a los responsables.