e acuerdo con una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 13 de octubre de 2014 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros llevaron a cabo la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de cuatro personas, tres estadunidenses y un mexicano, en las inmediaciones del paso fronterizo entre Tamaulipas y Texas. Al acreditar la detención ilegal de las cuatro personas cuyos cuerpos fueron encontrados el 29 de octubre de ese año, la CNDH emitió una recomendación a las distintas instancias involucradas para que proporcionen toda la información necesaria, colaboren con las quejas y denuncias y procedan a la reparación del daño a los familiares de las víctimas, entre otras medidas.

La resolución emitida ayer por violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida se suma a las 40 recomendaciones que ha recibido la Marina entre 2007 y noviembre de 2017, así como a las 126 giradas contra la Secretaría de la Defensa Nacional en el mismo periodo. En esta década, es decir, la transcurrida desde que el ex presidente Felipe Calderón lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico, la instancia encargada de velar por las garantías individuales ha recibido 10 mil 764 denuncias contra militares y 2 mil 790 contra marinos, con casos tan graves como la masacre de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio de 2014.

Las conclusiones de la CNDH sobre el presente caso ponen nuevamente sobre la mesa la inadecuación de las fuerzas armadas para desempeñar labores de seguridad pública, así como las graves consecuencias que tiene perpetuar una estrategia originalmente formulada como recurso temporal en tanto se llevaba a cabo la depuración y profesionalización de las corporaciones policiacas, ciertamente rebasadas y, en muchos casos, cooptadas en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, constituye un recordatorio del carácter urgente que reviste el prometido saneamiento policial para poner fin al papel de las instituciones castrenses en funciones ajenas a aquellas para las que fueron creadas, y para las cuales no les puede preparar debidamente su entrenamiento.

En suma, se trata de un llamado de atención a las autoridades civiles para que pongan orden en las instancias legalmente encargadas del combate a la delincuencia. Tal llamado cobra especial relevancia en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apresta a revisar la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso en diciembre pasado con un texto que normaliza la participación militar en labores de seguridad e impone un preocupante velo de opacidad sobre los operativos llevados a cabo por elementos castrenses.