La Comisión Permanente solicitó ayer a los gobiernos federal y de Chiapas reforzar las medidas cautelares para garantizar la integridad física y los derechos humanos de los desplazados y retornados en Chalchihuitán y Chenalhó, así como sancionar a los responsables de la violencia en esos municipios.

También requirió que se continúe el diálogo, a fin de alcanzar una solución al conflicto agrario entre las comunidades de los dos municipios, que coadyuve al restablecimiento de la armonía, respetando usos y costumbres de los pueblos indígenas.

El acuerdo se tomó a partir de tres solicitudes que se presentaron a partir de la situación de emergencia que viven miles de desplazados por la violencia y la agresión de grupos paramilitares.

Aun cuando la Permanente ya recibió un informe del gobierno de Chiapas y que el Partido Verde entregó datos para esclarecer dudas, los grupos parlamentarios decidieron aprobar el exhorto a partir del artículo primero constitucional, respecto de que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional.

En la sesión se avaló el dictamen de la Primera Comisión de la Permanente, la cual definió que bajo el principio de igualdad como mexicanos, todos los habitantes del país pueden y deben acceder a la vida, educación, salud, tierra, vivienda, paz y respeto a su pensamiento y creencias, entre otros derechos vitales.

Asimismo, el Congreso atendió la alerta y preocupación de senadores y diputados por la situación de crisis humanitaria, falta de alimentos y medicinas de los desplazados, y el hecho de que el retorno se realizó sin garantizar condiciones de seguridad.